DE LA HONESTIDAD DE AMLO A LOS MILLONES DEL INE
¡Qué bonita historia la de la honestidad de la Cuarta Transformación!
Marzo de 2023. Andrés Manuel López Obrador celebra la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE. La presenta como una mujer íntegra, profesional y honesta. Prácticamente una garantía de rectitud.
Junio de 2024. AMLO vuelve a elogiarla. Dice estar muy satisfecho con su desempeño. Todo eran reconocimientos y aplausos.
Mayo de 2026. Un periodista se atreve a preguntarle sobre posibles contratos arreglados dentro del INE. ¿La respuesta de la funcionaria? Nada de explicaciones. Nada de transparencia. Le responde: «Me parece usted muy majadero».
¡Mire nada más! Resulta que preguntar por el dinero público es una majadería.
Octubre de 2026. Comienzan a acumularse los señalamientos: contratos millonarios, presuntos conflictos de interés, empresas vinculadas entre sí, funcionarios cuestionados y hasta relaciones personales con proveedores del instituto.
Entre las contrataciones bajo escrutinio aparecen adjudicaciones por 195 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación anuncia investigaciones por posibles irregularidades, colusión y triangulación de recursos.
Y el 25 de octubre, Guadalupe Taddei anuncia su renuncia.
De aquella mujer honesta que tanto presumía López Obrador pasamos a una funcionaria que abandona la presidencia del INE en medio de investigaciones por presunta corrupción.
Claro, las responsabilidades tendrán que demostrarse. Pero las preguntas están ahí y ¿los millones, donde están los millones?
Y es que la historia de Taddei parece otro capítulo de una contradicción que persigue a la Cuarta Transformación, un movimiento que llegó prometiendo acabar con la corrupción y que hoy tiene que responder por los escándalos que alcanzan a funcionarios e instituciones.
¡Qué curioso! Antes los corruptos eran todos los demás. Ahora, cuando aparecen señalamientos dentro de su propio círculo, resulta que todo es una campaña de desprestigio.
Y mientras tanto, la pregunta sigue siendo la misma:
¿Dónde quedó aquella superioridad moral que tanto presumían?
Porque de tanto hablar de honestidad, pareciera que olvidaron practicarla. Y a donde voltees, otro escándalo de presunta corrupción. ¡Vaya transformación!
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PARA LOS PERIODISTAS DE PUEBLO, PURA BANQUETERA
Hay gobernantes que, cuando llegan al poder, comienzan a mirar por encima del hombro a los medios de comunicación de su propio estado.
De pronto, los periodistas locales les parecen poca cosa. Sus reporteros, insignificantes; sus conductores, de segunda; sus directivos, personajes menores; y hasta los propietarios de los medios parecen no tener la categoría suficiente para merecer una entrevista.
Hay quienes confunden el tamaño de un medio de comunicación con la importancia de sus preguntas. Y entonces comienzan a buscar los grandes reflectores nacionales. Las cámaras importantes, los periodistas famosos, los escenarios donde creen que su presencia adquiere otra dimensión.
Como si una pregunta hecha desde la Ciudad de México valiera más que una formulada desde Chihuahua.
La historia política, dentro y fuera de México, ha demostrado que la distancia no garantiza entrevistas cómodas ni mejores resultados. Y aquí tenemos un ejemplo reciente.
La gobernadora Maru Campos decidió acudir con Carlos Loret de Mola y compañía para explicar una crisis que tiene su origen, sus protagonistas y sus consecuencias en Chihuahua.
¿Y qué ocurrió?
Que una entrevista con la que buscaba explicar su posición terminó abriendo nuevos frentes de controversia, provocando respuestas desde Palacio Nacional y multiplicando los cuestionamientos sobre su propio gobierno.
¡Vaya manera de apagar un incendio! Pero el asunto de fondo es otro. ¿Por qué los medios nacionales sí merecen las explicaciones que los periodistas chihuahuenses también tienen derecho a exigir?
Aquí hay reporteros que conocen los expedientes, periodistas que han seguido durante años a los protagonistas y medios que diariamente dan la cara ante la sociedad chihuahuense.
No son periodistas de segunda. Ni nuestros colaboradores son empleados de una categoría inferior.
Ni nuestros directivos y propietarios necesitan el reconocimiento de un gran consorcio nacional para ejercer el periodismo.
Los medios locales permanecen cuando las cámaras nacionales se apagan, cuando los periodistas famosos se marchan y cuando los escándalos dejan de ser noticia en la capital del país.
Los medios nacionales vienen por la noticia. Los locales vivimos con sus consecuencias.
Quizá alguien debería recordarle a la gobernadora que la importancia de un periodista no se mide por el tamaño de su empresa, sino por su capacidad de preguntar.
Y que despreciar a los medios de casa para buscar refugio en los grandes escaparates puede resultar una pésima decisión.
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CÉSAR JÁUREGUI ROMPE EL SILENCIO Y SACUDE AL PAN
La carta que César Jáuregui dirigió este lunes al panismo nacional no es simplemente una solicitud de solidaridad. Es un documento político que contiene cuatro mensajes de enorme peso y que seguramente provocará más de un dolor de cabeza dentro de Acción Nacional.
PRIMERO. EL REPROCHE A MARU CAMPOS.
Jáuregui recuerda que cuando intentaron linchar políticamente a la gobernadora, él salió a defenderla, marchó, dio la cara y hasta colocó en sus redes sociales la campaña #YoConMaru.
Hoy, cuando él enfrenta su propia crisis, acusa a Maru de hacer declaraciones que faltan gravemente a la verdad.
El mensaje es demoledor, cuando ella necesitó respaldo, César estuvo presente. Ahora que César lo necesita, no solamente no encuentra ese mismo respaldo, sino que públicamente cuestiona las declaraciones de quien fue su principal aliada.
SEGUNDO. ¿JUSTICIA O ABUSO DE PODER?
Jáuregui lanza una pregunta que debería retumbar en los pasillos del poder, ¿lo que está ocurriendo es justicia o abuso de poder?
Y agrega una advertencia más, utilizar fiscalías y tribunales para sacar de la contienda a un aspirante es un abuso, venga de Morena o del PAN.
Aquí, uno de los señalamientos más graves de toda la carta. Si las instituciones encargadas de procurar justicia terminan convertidas en instrumentos de persecución política, entonces el problema deja de ser de un solo personaje y se convierte en una amenaza para todos.
Cuando la justicia se utiliza como arma política, deja de importar quién tiene la razón y comienza a importar quién tiene el poder.
TERCERO. UNA DETENCIÓN EN PLENA CONTIENDA ELECTORAL.
Jáuregui recuerda que fue detenido precisamente cuando buscaba la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua.
Y advierte: «Si hoy se tolera conmigo, mañana se usará contra cualquiera de ustedes».
Una advertencia dirigida a todos los aspirantes y dirigentes de Acción Nacional.
La coincidencia entre los tiempos judiciales y los electorales merece una explicación convincente. No basta con afirmar que se está aplicando la ley; también debe demostrarse que se está aplicando sin intereses ni tintes políticos.
Una candidatura debe ganarse en las urnas o en los procesos internos de los partidos, no resolverse mediante expedientes judiciales utilizados con fines electorales.
CUARTO. EL PANISMO NACIONAL, ANTE SU PROPIA CONGRUENCIA.
Este quizá sea el movimiento político más importante de toda la carta.
César Jáuregui decidió llevar su caso más allá de Chihuahua. Se dirige directamente a senadores, diputados federales, dirigentes nacionales, consejeros y militantes.
No les pide que lo declaren inocente. Les exige que defiendan el debido proceso, la presunción de inocencia y sus derechos políticos.
Una verdadera prueba para Acción Nacional.
Durante décadas, el PAN ha presumido ser defensor de las instituciones, la legalidad y el Estado de derecho. Ahora tiene frente a sí un caso que pondrá a prueba la congruencia entre sus discursos y sus acciones.
Defender el debido proceso no significa defender delitos. Significa impedir que alguien sea condenado políticamente antes de recibir una sentencia judicial.
EL FONDO DE TODO ESTO.
César Jáuregui ha decidido dar una batalla que trasciende su situación personal.
Su carta coloca sobre la mesa tres asuntos fundamentales, la independencia de las instituciones de justicia, la posible utilización política de los procesos judiciales y la obligación de los partidos de defender los derechos de sus propios militantes.
Pero también deja una advertencia que nadie debería ignorar.
Si hoy se permite que una acusación judicial sea utilizada para eliminar políticamente a un aspirante, mañana podría ocurrirle a cualquier otro.
