- La Sierra bajo las hélices
- El horror estaba en el patio
- El presupuesto y la lloradera selectiva
- JMAS y el agua revuelta
- Una ley no cuida sola el teléfono
- Génesis y la investigación que no alcanzó
El ataque con explosivos transportados por drones contra policías y soldados en Guadalupe y Calvo exhibe una realidad que los discursos oficiales todavía intentan alcanzar en patín del diablo, mientras la delincuencia ya encontró cómo disputar el territorio con tecnología de avanzada desde el aire y poner a las autoridades a mirar hacia arriba, literalmente.
La agresión reportada en las inmediaciones de Nabogame obliga a preguntar qué protección reciben quienes patrullan esas comunidades, porque mandar elementos a una zona donde pueden caer explosivos del cielo, exige algo más que combustible, instrucciones de echarle ganas o una fotografía para acreditar que existe coordinación.
Mientras los gobiernos se reparten responsabilidades como si fueran volantes en un crucero, o el gobierno federal reclama y prohíbe al gobierno estatal que realice acciones reservadas a las fuerzas federales, las familias serranas necesitan saber quién garantiza el camino, la escuela y la posibilidad de permanecer seguros en casa, pues cuando el miedo organiza la vida comunitaria queda bastante claro quién lleva la mano.
Los resultados deben medirse en seguridad sostenida, investigaciones y capacidad para impedir nuevas agresiones, porque presumir recorridos después de cada ataque comienza a parecerse al remedio del médico que siempre llega cuando ya están recogiendo las vendas y el sacerdote aplicando los Santos Óleos, y a toro pasado cualquiera presume de valiente.
El horror estaba en el patio
En Ciudad Juárez, para tristeza de los fronterizos, una reparación doméstica puede terminar convertida en diligencia forense, como muestran los hallazgos de restos humanos en patios de viviendas que hoy vuelven a la conversación pública, una realidad que deja temblando hasta la frase más inocente sobre echar raíces en esta frontera.
Detrás de cada descubrimiento hay una persona cuya identidad debe establecerse y una familia que puede llevar años buscando respuestas, de modo que la osamenta encontrada bajo una placa de cemento exige bastante más que acordonar, levantar evidencias y permitir que el siguiente escándalo tape el anterior.
La pregunta incómoda es cuántos entierros han sido localizados mediante investigación y cuántos porque alguien decidió emparejar el terreno, porque si el azar termina haciendo buena parte del trabajo, habrá que reconocerle al albañil una eficiencia que algunas oficinas llevan años prometiendo en sus informes.
También hace falta conocer cuánto tardan las identificaciones y cómo se comunican los resultados a las familias, porque acumular restos sin devolver nombres prolonga el agravio, y una ciudad que tropieza con sus desaparecidos dentro de las casas merece una respuesta que vaya mucho más allá del consabido seguimos trabajando.
El presupuesto y la lloradera selectiva
La discusión del presupuesto federal para 2027 vuelve a colocar a Chihuahua frente al conocido mostrador de las necesidades, con peticiones para seguridad, agua, educación, carreteras y salud que retratan pendientes demasiado concretos como para despacharlos mediante una competencia de declaraciones sobre quién quiere más al estado sin que eso se refleje en el presupuesto.
Los diputados que reclaman recursos deben exhibir proyectos, montos y resultados de sus gestiones, porque levantar la voz frente a una cámara cuesta bastante menos que conseguir una asignación, y en política presupuestal abundan los que llegan al mercado con canasta de diputado y regresan con puro discurso.
Al Gobierno estatal también le corresponde explicar qué puede financiar, qué decisiones tomará y dónde ajustará sus gastos, pues reclamar a la Federación no cancela la obligación de revisar la propia caja, especialmente cuando cada administración descubre austeridad para los pendientes y creatividad para la promoción.
Para Juárez, la discusión tiene que aterrizar en infraestructura que funcione y servicios que alcancen, porque las familias no circulan sobre exhortos ni reciben atención médica con un punto de acuerdo, y ya estuvo suave de ofrecerles el menú completo mientras la cocina sigue esperando presupuesto.
JMAS y el agua revuelta
La controversia sobre las plantas tratadoras de la JMAS necesita documentos sobre la mesa, porque entre la posibilidad de licitar su operación, los cuestionamientos internos, las negativas de sus directivos y las extrañas filtraciones desde adentro de la dependencia, se ha formado un lodazal donde cada actor asegura traer agua limpia y señala el balde del vecino.
Cruz Pérez Cuéllar ha impulsado públicamente el cuestionamiento sobre una eventual privatización, mientras dentro del consejo también surgieron diferencias y señalamientos sobre un posible conflicto de interés, así como un claro golpeteo desde adentro de la descentralizada, una combinación que explica la intensidad política del asunto y las posibles alianzas o complicidades inconfesables.
La salida exige publicar actas, costos de operación, estudios comparativos y reglas para prevenir conflictos de interés, pues si la JMAS quiere recuperar confianza tendrá que abrir los expedientes, y si sus críticos quieren sostener sus señalamientos deberán aportar algo más que volumen, porque cuentas claras conservan amistades y también tuberías.
Una ley no cuida sola el teléfono
La reforma estatal para proteger a menores en entornos digitales tiene una intención atendible y una prueba pendiente, porque prevenir el ciberacoso, la explotación y el uso indebido de datos requiere recursos, personal especializado y capacidad de respuesta, asuntos que por desgracia no aparecen automáticamente al levantar la mano en el Congreso.
Las familias conocen el problema cuando el teléfono deja de ser herramienta y se convierte en puerta de entrada para amenazas, abusos, humillaciones o engaños, mientras las autoridades todavía pueden andar discutiendo qué oficina debe recibir el asunto y cuál necesita primero un convenio para comenzar a preocuparse.
La alfabetización digital tampoco puede reducirse a repartir recomendaciones sobre contraseñas y pedirles a los padres que vigilen más, porque muchas familias necesitan orientación accesible y escuelas con personal preparado, no otra carga envuelta en la elegante expresión de corresponsabilidad, que a veces significa arréglense como puedan.
Habrá que vigilar qué presupuesto acompaña la reforma, quién atenderá los casos y cómo se medirán los resultados, porque legislar sin asegurar ejecución es ponerle alarma a una casa sin conectar la corriente, y después resulta muy solemne explicar que el aparato cumplía con todas las buenas intenciones.
Génesis y la investigación que no alcanzó
La revocación de las condenas contra dos acusados por la desaparición de Génesis Dibanhi Enríquez Cárdenas obliga a revisar la calidad del trabajo ministerial, ahora que está tan de moda culpar a la Fiscalía de todos los males, porque una sentencia que pierde sustento en apelación deja preguntas demasiado graves como para resolverlas culpando al juez que señaló las deficiencias.
La familia merece saber qué se hizo bien, qué faltó y cómo continuará la búsqueda, mientras la Fiscalía tiene que explicar por qué sus pruebas no fueron suficientes para sostener las condenas, pues el dolor de una desaparición no puede convertirse en material para presumir resultados que después se deshacen.
Exigir pruebas sólidas protege a cualquier persona frente a una acusación y también protege a las víctimas frente a investigaciones deficientes, no hay mejor justicia que la que proporciona total certeza y conformidad a víctimas y victimarios, aunque a ciertos funcionarios les resulte más rentable presentar detenidos que construir expedientes capaces de resistir una defensa, porque el aplauso llega antes que la revisión judicial.
Génesis sigue siendo el centro del caso y la obligación de encontrar respuestas permanece, con independencia de las absoluciones, porque cerrar una puerta procesal no autoriza a bajar la cortina de la búsqueda, y una justicia que deja a la familia esperando termina cobrando dos veces el mismo abandono.
