¿HASTA DÓNDE LLEGA LA COMPLICIDAD DEL PODER EN GOBIERNO DEL ESTADO?
PRIMERO. Resulta verdaderamente indignante que un funcionario que arrastra señalamientos tan delicados de su paso por otros gobiernos termine instalado en una de las oficinas más importantes del Gobierno de Chihuahua. José Luis Martínez no llegó a cualquier puesto. Llegó a manejar la comunicación institucional, recursos públicos y relaciones con los medios. ¿Quién revisó sus antecedentes? ¿Quién recomendó su contratación? ¿Quién decidió que esos señalamientos no eran suficientemente graves? Porque aquí alguien falló, alguien omitió investigar o alguien decidió mirar hacia otro lado.
SEGUNDO. Lo más preocupante es que los testimonios de mujeres que trabajaron bajo sus órdenes describen conductas de hostigamiento, abuso de poder y situaciones que merecen una investigación profunda. Cuando señalamientos semejantes aparecen en diferentes etapas de la trayectoria de un funcionario, la obligación institucional es determinar si existe un patrón de conducta y quiénes pudieron haberlo tolerado.
Si Max Cortázar, conoce estos antecedentes y, aun así, interviene para mantener a José Luis Martínez en el cargo, tendrá que explicar por qué. Porque proteger políticamente a un funcionario frente a denuncias graves, sin exigir que se esclarezcan, también genera responsabilidades. La lealtad entre funcionarios no puede estar por encima de la obligación de investigar. O acaso será cómplice?
TERCERO. Y qué decir del Órgano Interno de Control. Si frente a denuncias formalmente presentadas no investiga, no actúa ni cumple con sus atribuciones, entonces habría que preguntarse para qué existe esa oficina. ¿Para vigilar a los funcionarios o para justificar su existencia con presupuesto público? Una dependencia que no cumple su función de control termina siendo una carga innecesaria para los ciudadanos.
CUARTO. Todo esto alimenta precisamente esa percepción que tanto daño le ha hecho a Chihuahua, la de una burocracia donde unos funcionarios protegen a otros, donde las relaciones personales pesan más que las responsabilidades públicas y donde las denuncias pueden perderse entre escritorios mientras los involucrados conservan sus privilegios.
No basta con discursos sobre transparencia, respeto a las mujeres y combate a la corrupción. Esos compromisos se demuestran investigando, garantizando protección a quienes denuncian y actuando conforme a la ley, incluso cuando el señalado pertenece al círculo cercano del poder.
Ya no se trata solamente de José Luis Martínez. Se trata de saber si las instituciones del Gobierno de Chihuahua están dispuestas a investigar a sus propios funcionarios.
Y si la respuesta institucional termina siendo el silencio, la pregunta será ¿estamos frente a organismos creados para combatir los abusos del poder o frente a una estructura burocrática diseñada para protegerse entre ellos?
QUINTO. Y que nadie piense que aquí termina el asunto. En próximas entregas abordaremos el caso de Paco Trejo, el segundo de José Luis Martínez, y los señalamientos de nepotismo que rodean su actuación. Habrá que revisar cómo llegó, qué decisiones ha tomado y qué relaciones familiares pudieran existir dentro de la estructura gubernamental. El nepotismo no se combate con discursos, sino investigando nombramientos, parentescos y el uso del presupuesto público.
Y que después no salga el Órgano Interno de Control con que no sabía nada. Los señalamientos ya son públicos y las autoridades tienen la obligación de atender las denuncias que sean de su competencia.
Roberto Javier Fierro Duarte, es momento de desquitar el sueldo.
Porque los órganos de control no están para cuidarles las espaldas a los funcionarios, sino para vigilarlos, y si no pueden cumplir con esa responsabilidad, entonces que expliquen para qué les pagamos.
