Ejecutivo delinea nuevo rostro del Estado mexicano
Entre las 20 iniciativas enviadas por el Presidente al Congreso destacan cambios a la estructura del Poder Judicial y el Legislativo, así como la desaparición de siete autónomos
Con propuestas para reducir los poderes Legislativo y Judicial; desaparecer siete órganos autónomos; sustituir a todos los ministros de la Corte, magistrados y consejeros electorales; sumar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; regresar a la CFE su carácter paraestatal, y reactivar el ferrocarril de pasajeros, el Presidente busca modificar la estructura del Estado Mexicano.
Ayer, el jefe del Ejecutivo federal presentó y envió a la Cámara de Diputados 20 iniciativas. De éstas, seis se refieren a modificaciones a la configuración de dos de los Poderes de la Unión.
En el caso del Poder Judicial, como Excélsior informó desde el sábado, el mandatario plantea disminuir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia, de 11 a nueve; desaparecer el Consejo de la Judicatura y sustituirlo por el Tribunal de Disciplina Judicial, además de eliminar el haber de retiro, entre otras propuestas.
Para el Poder Legislativo proyecta la eliminación de los llamados plurinominales y que el Senado se integre por sólo 64 legisladores, mientras que las curules en la Cámara de Diputados se reducirían a 300.
Además, el mandatario propone la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Coneval, el Inai, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el Mejoredu.
PROPUESTAS
Éstas son las 20 iniciativas de reforma a la Constitución que el Presidente de la República envió ayer a la Cámara de Diputados:
1. Reconocer a pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
2. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores y para personas con discapacidad.
3. Otorgar becas a todos los estudiantes de familias pobres.
4. Garantizar atención médica gratis.
5. Que los trabajadores sean dueños de sus viviendas.
6. Prohibir el maltrato animal.
7. Prohibir el maíz transgénico, el fracking y la minería a cielo abierto.
8. Hacer respetar el uso doméstico de concesiones de agua.
9. Prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas.
10. Que el aumento al salario mínimo sea mayor a la inflación anual.
11. Salario base para maestros de educación básica, policías, soldados, médicos y enfermeras.
12. Revertir las leyes de pensiones de 1997 y 2007.
13. Garantizar a los mexicanos el derecho al trabajo y la educación.
14. Jornal seguro, justo y permanente para campesinos que siembren árboles.
15. Regreso de los trenes de pasajeros, garantizar el acceso a internet y fortalecer la CFE.
16. Reforma electoral con reducción de gastos de campaña, eliminación de plurinominales y elección mediante voto de consejeros y magistrados.
17. Elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular.
18. Adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena.
19. Convertir la austeridad republicana en política de Estado.
20. Eliminar dependencias y organismos autónomos onerosos.
QUIERE NUEVA ESTRUCTURA PARA MÉXICO
Confirma que busca elección popular de jueces y magistrados; propone eliminar a los legisladores plurinominales, que la Guardia pase a la Sedena y regresar a la CFE
como paraestatal
El Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados reformas constitucionales para modificar la estructura del Estado mexicano, al reducir los poderes Legislativo y Judicial, desaparecer siete órganos autónomos; sustituir a todos los ministros de la Corte, los magistrados y consejeros electorales; sumar la Guardia Nacional al Ejército; regresar a la CFE su carácter paraestatal y reactivar el ferrocarril de pasajeros.
De igual manera, por primera vez fija cuál será el salario máximo que se puede tener en el sector público, pues establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, cuya remuneración sumará los ingresos que recibe en efectivo y en especie y que no puede ser mayor a 73.04 veces la Unidad de Medica y Actualización Anual; es decir, dos millones 899 mil 422.13 pesos anuales, de acuerdo con la UMA anual actual, lo que implica un ingreso máximo mensual de 241 mil 618 pesos.
Después de presentarlas en una ceremonia realizada en Palacio Nacional, el Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados 20 iniciativas, 18 de ellas referentes a reformas constitucionales y dos de reformas a leyes; seis de las 20 propuestas se refieren a cambios en la estructura de dos de los poderes de la Unión.
Como Excélsior lo informó el sábado, el Presidente busca reducir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 11 a nueve ministros del Pleno; desaparecer las comisiones, así como el Consejo de la Judicatura, el cual será sustituido por el Tribunal de Disciplina Judicial; elimina el haber de retiro; prohíbe la suspensión de la norma impugnada por controversias constitucionales o por acciones de inconstitucionalidad.
Aunque originalmente, el Presidente planteó que los ministros de la Corte actuales deberán causar baja el 1 de septiembre del 2025, junto con la desaparición del Consejo de la Judicatura y los magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberán irse el 1 de octubre del 2025, como lo informó el sábado este diario, en la iniciativa oficial que entregó anoche ya no incluyó las fechas.
ADIÓS A LOS PLURIS
Para el caso del Poder Legislativo, el Presidente de la República incluye su modificación en la iniciativa de reforma electoral, en la que establece que el Senado se reduce de 128 integrantes actuales a 64 senadores –como los que tuvo hasta la LV Legislatura, que trabajó de 1991 a 1994–, mientras que la Cámara de Diputados se reduce de 500 a 300 legisladores.
A diferencia de la reforma electoral que propuso hace dos años, donde los legisladores federales tenían que ser electos por representación proporcional, en esta nueva propuesta plantea que los 64 senadores y los 300 diputados sean de mayoría relativa, es decir, todos entren por la decisión directa de los ciudadanos, por lo que elimina los llamados plurinominales en ambas cámaras y a los senadores de primera minoría.
Los nuevos consejeros electorales serán siete, ya no 11 como son actualmente; ya no durarán en sus puestos nueve años, sino seis años.
Incluyó en la propuesta de reforma electoral que los actuales consejeros del INE deberán irse el 1 de septiembre del 2025, para dar paso a los nuevos consejeros que integrarán el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas; en esta propuesta sí incluyó que los magistrados de Sala Superior del TEPJF deberán causar baja el 1 de octubre del próximo año.
Las propuestas plantean que los jueces, magistrados de circuito y ministros de la SCJN; los magistrados electorales de Sala Superior y de Salas Regionales, así como los consejeros electorales deberán ser electos por el pueblo, con mecanismos similares en que el Senado, la Cámara de Diputados y los congresos estatales convocan a las elecciones, de acuerdo al cargo de que se trate; el INEC organiza la elección y el TEPJF califica la elección.
EXTINCIÓN DE AUTÓNOMOS
En cuanto a la disminución de los órganos autónomos, creados a en los últimos 30 años, desde que el PRI dejó de tener la hegemonía política en el Congreso de la Unión, el Presidente propone que la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), cuyas funciones serán realizadas por la Secretaría de Economía y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas tareas las realizará la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Ambas instituciones existen desde el arranque de este siglo, pero fueron fortalecidas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, como producto del llamado Pacto por México, para darles autonomía plena y quitarles la influencia política a decisiones técnicas; además, son parte indispensable de los acuerdos internacionales comerciales que ha firmado México en la última década, incluido el TMEC.
Las actividades que realiza el Coneval serán desarrolladas por el Inegi; desaparecerá el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), cuyas actividades las desarrollarán cada una de los poderes de la Unión, los órganos autónomos correspondientes y en materia de protección de datos personales el responsable será el Poder Ejecutivo.
