El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este martes a WhatsApp, la aplicación de mensajería propiedad de Meta, de haber entregado a los principales líderes opositores, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, “toda la base de datos” del país, la cual incluye información personal de los usuarios venezolanos.
Maduro afirmó que “WhatsApp entregó a los terroristas venezolanos, a la diabla esta demonia Machado, terrorista y asesina, prófuga de la Justicia, y al criminal de guerra Edmundo González Urrutia y a sus comanditos (…) toda la base de datos de Venezuela, quien eres tú, tu familia, tus amigos, de qué hablas, de qué no hablas, qué videos compartes, cuáles son tus gustos, etcétera.”
Los “comanditos”, según Maduro, son grupos de organización ciudadana formados durante la campaña de González Urrutia, candidato de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Desde la semana pasada, Maduro ha intensificado su campaña contra redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, alegando que están siendo utilizadas para amenazar a militares, policías y líderes comunitarios en Venezuela. El mandatario ha solicitado repetidamente a los ciudadanos que eliminen la aplicación, un proceso que este martes instó a acelerar, aunque no ha mostrado evidencia que respalde sus afirmaciones.
“Debemos liberar nuestras vidas de WhatsApp”, declaró Maduro en un encuentro con jóvenes transmitido por el canal estatal VTV, donde también aseguró que la aplicación “está en manos del imperialismo tecnológico, enemigos de Venezuela y de la humanidad.”
Maduro, quien ordenó la suspensión de la red social X por 10 días la semana pasada, ha mantenido estas acusaciones tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el organismo electoral lo proclamó ganador. Sin embargo, la oposición mayoritaria ha denunciado “fraude” en el proceso, lo que ha desatado numerosas protestas en todo el país, las cuales el gobierno califica como “criminales” y “terroristas”.
Según fuentes gubernamentales, más de 2.400 personas han sido arrestadas desde el 29 de julio, algunas durante protestas y otras en operaciones policiales. Además, 25 personas han perdido la vida en hechos de violencia. Mientras el gobierno culpa a la oposición de estos actos, el antichavismo responsabiliza a las fuerzas de seguridad del Estado, actuando bajo órdenes superiores.
