La defensa legal de la familia LeBarón informó que Pablo “N,” alias “El Peluchín,” integrante de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, fue formalmente detenido el pasado 22 de enero por su presunta participación en la masacre de Bavispe, Sonora, ocurrida el 4 de noviembre de 2019. En este ataque, fueron asesinadas nueve personas: tres mujeres y seis niños.
La captura de “El Peluchín,” de 33 años, tuvo lugar el 31 de diciembre de 2024 tras un enfrentamiento con elementos de seguridad. Sin embargo, no fue sino hasta enero de este año cuando se cumplimentó la orden de aprehensión pendiente desde septiembre de 2021 por homicidio.
Nuevas imputaciones por feminicidio y terrorismo
Durante la audiencia inicial, la representación legal de la familia LeBarón solicitó al juez vincular a proceso al detenido no solo por homicidio, tentativa de homicidio y daños, sino también por feminicidio y terrorismo. Esto sigue a una resolución emitida por un juez federal del Altiplano el pasado 17 de enero, que ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la masacre como un acto de terrorismo.
La defensa señaló que, a pesar de la resolución judicial, el Ministerio Público de la Federación (MPF) no formuló imputaciones por terrorismo en esta etapa inicial. Por lo tanto, los abogados instaron al juez a reclasificar los delitos, decisión que será resuelta en una audiencia de continuación programada para el 28 de enero.
Impacto de la masacre de Bavispe
El ataque en Bavispe, que conmocionó tanto a México como a Estados Unidos, tuvo como víctimas a Rhonita María LeBarón, Christina Langford, Dawna Ray, y seis niños, todos miembros de la comunidad mormona. El caso ha sido un ejemplo emblemático de la violencia desatada por grupos criminales en el norte del país y ha generado tensiones internacionales debido a las conexiones de las víctimas con ciudadanos estadounidenses.
La captura y el posible proceso penal contra “El Peluchín” representan un paso importante en la búsqueda de justicia para las familias afectadas, aunque persisten cuestionamientos sobre la clasificación de los delitos y la efectividad de las investigaciones.
