El 14 de mayo de 2015 no fue un día cualquiera. Fue el día en que la infancia perdió la inocencia en la colonia Laderas de San Guillermo, en el municipio de Aquiles Serdán.
Diez años después, el caso sigue siendo un eco incómodo de una realidad que rara vez se aborda con profundidad: la violencia entre menores y la capacidad de los sistemas sociales y judiciales para prevenirla, atenderla y sancionarla.
Aquel jueves por la tarde, Christopher Raymundo Márquez Mora, un niño de seis años, desapareció sin dejar rastro. Sus padres creyeron que se trataba de una travesura, un extravío momentáneo. Pero detrás de su ausencia se escondía un crimen atroz, perpetrado por quienes, como él, apenas comenzaban a vivir: cinco menores de edad, vecinos suyos, compañeros de juegos y, hasta entonces, parte del mismo entorno vulnerable.
Diez años después, el nombre de Christopher sigue resonando como símbolo de un horror difícil de procesar: la violencia ejercida por y entre menores, la normalización del maltrato, y la inoperancia de un sistema que no supo prevenir, contener ni reparar.
El caso sigue siendo una herida abierta para Chihuahua y un recordatorio brutal de que los niños también pueden ser víctimas… y victimarios.
La madre de Christopher, Tania Mora Alvarado, aún recuerda con nitidez las últimas palabras de su hijo antes de salir: “Ahorita regreso, voy a jugar con los vecinos”. Era algo habitual en ese sector popular de Aquiles Serdán, donde los niños jugaban en la calle mientras los adultos trabajaban o atendían el hogar.
Pero esa tarde, el “juego” consistía en simular un secuestro.
La invitación vino de adolescentes que conocía, quienes lo llevaron a un lote baldío, lejos de la vista de los adultos.
Lo que comenzó como una dinámica entre pares, derivó en un acto de violencia premeditada: Christopher fue atado, torturado, apuñalado en 22 ocasiones, golpeado con piedras, y finalmente enterrado junto con el cadáver de un perro que los agresores habían matado previamente como una especie de “ensayo”.
El cuerpo fue cubierto con escombros y maleza, como si quisieran borrar todo rastro de su existencia.
La comunidad, inicialmente solidaria, comenzó una búsqueda frenética. Lo más macabro: sus propios asesinos participaron en los recorridos, preguntaron por él, fingieron preocupación. Fue la madre de uno de ellos quien, al notar el comportamiento extraño de su hijo, logró sacarle la confesión. Horas después, el horror fue descubierto.
El crimen marcó un antes y un después en la justicia penal juvenil en México. De los cinco responsables, solo dos eran imputables según la ley vigente. El mayor, de 15 años, fue condenado a nueve años de internamiento en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores. Otro, con discapacidad intelectual, fue canalizado a tratamiento psiquiátrico. Los tres restantes, menores de 14 años, fueron considerados inimputables y entregados al DIF, donde permanecieron por un periodo breve bajo supervisión, sin enfrentar consecuencias penales formales.
El caso reveló las carencias profundas del sistema de justicia penal juvenil en México. Sólo dos de los cinco menores eran imputables. El mayor, de 15 años, fue sentenciado a nueve años de internamiento en un centro especializado. Otro, diagnosticado con retraso mental, recibió una medida terapéutica. Los tres restantes, al ser menores de 14 años, fueron canalizados al DIF bajo vigilancia, sin consecuencias penales reales.
La madre de Christopher ha criticado durante años la falta de justicia. Denunció amenazas, ausencia de acompañamiento psicológico institucional y omisiones por parte de la Fiscalía. “A mi hijo lo mataron entre cinco y solo uno sigue encerrado”, dijo en una entrevista años después. El dolor de su testimonio contrasta con el silencio de las instituciones.
Durante semanas, el caso Christopher fue tema central en medios de comunicación. Generó indignación, debates sobre la edad penal y exigencias de reformas al sistema de justicia juvenil. Hubo foros, columnas, promesas. Pero con el tiempo, el caso fue desvaneciéndose del discurso público.
En la colonia donde ocurrió el crimen, muchos prefieren no hablar del tema. Hay quienes justifican, quienes minimizan, quienes callan. Los niños crecen, los recuerdos no. Algunos de los agresores ya son adultos y han sido reintegrados a la sociedad. Su identidad fue protegida por ley.
A diez años, el caso de Christopher no ha sido olvidado por quienes lo vivieron de cerca, pero sí por las instituciones. No hay placas, ni memoriales, ni actos públicos de recuerdo. La historia sigue viva solo en los medios, en la memoria de su madre y en los archivos judiciales.
Hoy, Chihuahua sigue enfrentando retos graves en materia de seguridad infantil, violencia intrafamiliar y salud mental juvenil. El caso de Christopher debería ser un referente permanente para políticas públicas, pero ha quedado reducido a una estadística espeluznante.
Christopher Raymundo tenía seis años. Amaba jugar, correr, reír. No vivió lo suficiente para conocer el mundo más allá de su colonia. Su historia es, y debe seguir siendo, un llamado urgente a repensar la infancia, el cuidado comunitario, la justicia y el papel del Estado en la protección de los más vulnerables.
Porque cuando un niño muere a manos de otros niños, no sólo falla una familia o una escuela. Falla toda la sociedad.
