La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en los procesos de contratación de las empresas Avacor y Grupo Servicorvel, proveedoras de uniformes y equipo para el Ejército y la Guardia Nacional. Ambas firmas están vinculadas a Carlos Prats García, empresario cercano a Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de los senadores de Morena. Los hallazgos se desprenden de la revisión de la Cuenta Pública 2023, presentada ante la Cámara de Diputados en enero de 2025.
Entre los contratos auditados destacan uno por 726 millones de pesos asignado a Avacor para la adquisición de equipo de protección corporal, y otro por 194 millones a Servicorvel para la entrega de chalecos antibalas. En este último caso, la ASF detectó retrasos de hasta 99 días en la entrega del equipo, motivo por el cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) impuso una multa de 16.1 millones de pesos a la empresa. La dependencia detalló que se compraron 363 chalecos antibalas nivel III y 9,740 nivel IV, con facturas emitidas en distintos meses de 2023.
Una de las principales observaciones fue que ambos contratos, que suman más de 920 millones de pesos, no fueron reportados por la Sedena en su informe trimestral sobre contrataciones, como lo establece la normativa. La ASF subrayó que los contratos con números D.G.ADMÓN. SAII-0363/F/2022 y SAII-0364/F/2022, firmados el 28 de diciembre de 2022, quedaron fuera del informe oficial.
La auditoría se hizo pública el 31 de enero de 2025, semanas después de un reportaje de Latinus que documentó cómo Avacor y Grupo Servicorvel obtuvieron al menos 32 contratos de la Sedena y la Secretaría de Seguridad por más de mil 100 millones de pesos. La investigación periodística denunció sobreprecios, simulación de competencia y violaciones a reglas de licitación en los procesos donde las empresas de Prats García resultaron favorecidas.
Pese a las irregularidades detectadas, la ASF concluyó que, en los seis contratos revisados, incluidos los de Avacor y Servicorvel, “los procesos de adjudicación, formalización y pago se realizaron de conformidad con la normativa”. Esta declaración ha generado cuestionamientos sobre la profundidad de la fiscalización y la posible permisividad frente a prácticas que, según el reportaje, podrían constituir actos de corrupción.
