Tras 20 días de protestas y bloqueos encabezados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado señales de ceder a una de sus principales demandas: la reducción de la edad de jubilación para burócratas que no cotizan en el sistema de Afores.
El pasado viernes 13 de junio, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) envió un nuevo proyecto de Decreto Presidencial que plantea congelar la edad mínima de retiro en 58 años para hombres y 56 para mujeres, siempre que hayan empezado a cotizar antes de enero de 2008.
El proyecto va más allá: propone reducir gradualmente esa edad a partir de 2028, fijándola en 57 y 55 años, y llegando a 55 y 53 años en 2034, siempre y cuando los trabajadores hayan cumplido con 30 y 28 años de servicio, respectivamente.
Este cambio revierte la reforma previa, que establecía aumentos bianuales en la edad de jubilación a partir de 2010. De acuerdo con esa legislación, en 2026 la edad subiría a 59 años para hombres y 57 para mujeres, y en 2028 a 60 y 58, respectivamente.
La propuesta surge en un contexto complejo: en 2007, solo el 14.2% de los 2.49 millones de trabajadores del Estado optó por migrar al sistema de Afores. El 85.8% restante, alrededor de 2.1 millones de personas, permanecieron en el régimen de reparto, el cual ahora se vería modificado por decreto.
El documento del ISSSTE justifica la medida con argumentos de “solidaridad” y “justicia social”, aunque no incluye estudios financieros que permitan evaluar el impacto en las finanzas públicas. Para 2025, el gobierno federal tiene previsto destinar 386 mil millones de pesos en subsidios al ISSSTE para el pago de pensiones y jubilaciones, una cifra que podría aumentar de aprobarse la reforma.
Aunque aún no se ha publicado oficialmente, el decreto anticipa una decisión de alto impacto económico y político, especialmente en un momento en el que los sindicatos han recuperado fuerza y presencia en las calles.
