H. Cd. de Chihuahua. – El Gobierno de México reafirmó su compromiso con la defensa del derecho humano al agua y justificó legalmente las acciones emprendidas en el rancho El Saucito, en el estado de Chihuahua, donde se demolieron represas y se clausuraron aprovechamientos ilegales de agua.
Las medidas, ejecutadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), forman parte de una política nacional para asegurar una distribución equitativa del recurso hídrico y se realizaron, según el gobierno, “con estricto apego a derecho y en beneficio de la población”.
De acuerdo con un comunicado oficial, estas acciones derivan de una resolución administrativa que quedó firme, al haberse comprobado el uso y aprovechamiento irregular de aguas nacionales, lo cual afectaba el acceso al agua de otras personas. “El Estado tiene la obligación de impedir que particulares limiten o afecten este derecho”, subrayaron las autoridades.
En respuesta a los señalamientos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, sobre la antigüedad de las obras o la existencia de permisos antiguos, el Gobierno aclaró que esos argumentos ya fueron desestimados por los tribunales en dos instancias: primero, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, posteriormente, por el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.
“El hecho de que las represas tengan años de existencia es irrelevante”, enfatizó la Conagua, aclarando que el punto central es la ilegalidad del lugar donde fueron construidas: zonas federales como cauces, vasos y canales, que requieren concesiones y permisos específicos.
Además, los tribunales determinaron que las obras eran ilegales y avalaron la demolición, rechazando incluso la posibilidad de suspenderla.
La autoridad federal reiteró que estas acciones no buscan perjudicar a particulares, sino asegurar el uso justo y sostenible del agua como bien nacional. “Es un acto de justicia y protección del recurso hídrico en favor de toda la población”, concluyó el comunicado.
