H. Cd. de Chihuahua.- La maestra Pilar “N”, quien se desempeñaba como prefecta en una secundaria de la colonia La Raza, fue sentenciada a dos años de prisión tras ser encontrada culpable del delito de violencia familiar equiparada agravada, en relación con el caso del estudiante Yahir “N”, quien se quitó la vida en julio de 2024, presuntamente como consecuencia del acoso recibido por parte de la docente.
De acuerdo con la Fiscalía, la profesora aceptó su responsabilidad en los daños emocionales causados al menor de tercer grado, lo que permitió que el proceso se resolviera mediante la figura del procedimiento abreviado. Además de la pena de cárcel, la mujer deberá pagar una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (Umas), ofrecer una disculpa pública y someterse a un tratamiento reeducativo.
La sanción impuesta podrá ser conmutada por 108 jornadas de trabajo comunitario o, en su defecto, mediante el pago de una multa. Cada jornada no cumplida equivaldrá a una Uma, según lo dictado por la autoridad judicial.
Este viernes, Pilar “N” ofreció públicamente una disculpa a los padres de Yahir, quienes expresaron su dolor por la pérdida de su hijo y señalaron que, aunque la resolución judicial representa un paso hacia la justicia, “nada nos lo va a devolver”.
“Se ha hecho justicia en lo penal, pero la lucha no termina aquí”, señalaron los familiares del menor, quienes confirmaron que iniciarán un proceso adicional por la vía administrativa para impedir que la docente vuelva a ejercer funciones educativas. “No queremos que otra familia pase por lo mismo. Buscaremos que no vuelva a estar frente a grupo ni en ningún puesto dentro del sistema educativo”, añadieron.
El caso conmocionó a la comunidad estudiantil de Pachuca luego de que, en julio de 2024 y a solo un día de la clausura del ciclo escolar, el menor decidiera quitarse la vida. Sus padres señalaron en su momento que el acoso constante por parte de la prefecta fue un factor determinante en su decisión.
Las autoridades educativas no han emitido hasta el momento una postura oficial sobre la situación laboral de la maestra sentenciada. Mientras tanto, organizaciones civiles y colectivos en defensa de los derechos de la infancia han pedido que el caso sirva como precedente para mejorar los protocolos de atención y prevención de violencia escolar.
