Chihuahua.- La denuncia sobre el envío de agentes de Vialidad a Ciudad Juárez pese a reprobar los exámenes de control y confianza (C-7) destapó no solo una crisis interna en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sino también un debate sobre privilegios, castigos disfrazados de trabajo y la hipocresía de algunos elementos que hasta ahora habían gozado de comodidad.
Según información confirmada por fuentes al interior de la corporación, varios de los policías que ahora se quejan por ser comisionados a la frontera llevaban más de tres años “guardaditos” en oficinas, sin salir a campo, sin patrullar, sin exponerse.
A pesar de haber reprobado el C-7, no habían sido dados de baja, sino reubicados en puestos administrativos. Ahora que se les asigna una tarea operativa en Juárez, exigen trato preferencial y condiciones que, aseguran sus propios compañeros, “nunca tuvieron que cumplir cuando estaban bien a gusto en escritorio”.
Los agentes denunciaron que no se les están otorgando viáticos ni pagos extra por el traslado.
Sin embargo, desde la misma Subsecretaría de Movilidad se aclara que el alojamiento en Ciudad Juárez incluye hospedaje, alimentación y apoyo con gasolina, lo cual contradice directamente las quejas ventiladas.
La ironía, señalan dentro de la SSP, es que estos elementos deberían estar suspendidos por reprobar las evaluaciones de confianza, pero en lugar de eso, se les dio una segunda oportunidad laboral, que ahora rechazan.
Varios altos mandos consideran que las quejas no son más que berrinches de quienes estaban cómodos y ahora les tocó sudar el uniforme, incluso sin portar arma, porque no cumplen con los requisitos para estar armados.
Así, lo que empezó como una denuncia por explotación y abuso, terminó revelando una red de privilegios soterrados dentro de la Policía Vial, donde algunos elementos han vivido sin presiones operativas durante años, y ahora protestan porque les toca salir al sol.
