Ciudad de México – Diputados de Acción Nacional solicitaron a la Secretaría de Salud un informe sobre el brote de sarampión registrado en el país, así como una campaña masiva de información y que se refuerce el programa de vacunación universal. El objetivo es obtener claridad sobre la situación y garantizar la salud pública.
A través de un exhorto a las autoridades federales del sector, Éctor Jaime Ramírez Barba y María Elena Pérez-Jaén hacen la petición de que se den a conocer al Poder Legislativo las estadísticas actualizadas de la situación, de las entidades afectadas y las características del virus. En un Punto de Acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, sede de las actividades del Congreso cuando las cámaras están de receso, los parlamentarios también solicitan detalles de las medidas implementadas hasta ahora para la contención del sarampión.
Le plantan a la Secretaría de Salud que implemente de forma urgente campañas de información masiva sobre la importancia de la vacunación contra el sarampión, dirigidas especialmente a madres, padres, docentes, personal de salud y autoridades comunitarias. Los diputados Ramírez Barba y Pérez-Jaén se pronuncian por el reforzamiento del Programa de Vacunación Universal “con enfoque territorial y de justicia social, garantizando la disponibilidad, distribución y aplicación de las vacunas SRP y SR en todas las entidades federativas, dando prioridad a zonas rurales, indígenas y de alta marginación”, buscando una cobertura equitativa.
El Punto de Acuerdo plantea la necesidad de que se publique en el sitio electrónico oficial de la Secretaría de Salud, en formato abierto y accesible, la totalidad de los documentos relacionados con el Plan Nacional de Respuesta Rápida: metas fijadas en el taller que para este se realizó el día dieciséis, criterios de focalización, presupuesto asignado, indicadores de impacto, cronograma de ejecución y mecanismos de seguimiento y evaluación. Al respecto se argumenta que tales referentes se desconocen y que, por lo tanto, ese plan carece de la debida transparencia. “Esta opacidad es inaceptable. La falta de acceso público a las metas programadas de vacunación y a reportes periódicos de avance, vulnera el principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6º constitucional y constituye una omisión grave en materia de rendición de cuentas”, señalaron los legisladores.
Los legisladores consideran que la respuesta fue tardía porque se lanzó veintitrés semanas después del primer caso importado, “sin sustento técnico robusto, sin calendario operativo visible y sin habilitar canales de participación ciudadana”. Señalan que, frente a un brote epidémico que ha cobrado vidas, “se exige una gestión sanitaria con evidencia, legalidad, transparencia y control institucional, como lo establece el Reglamento Sanitario Internacional, la Ley General de Salud y las buenas prácticas internacionales”.
Ramírez Barba y Pérez-Jaén recuerdan que, de acuerdo con el extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre dos mil dieciocho y dos mil veintiuno el gasto federal en insumos médicos y campañas de vacunación se redujo en más de un veinticinco por ciento, afectando la operación de brigadas comunitarias, cadenas de frío y la disponibilidad de vacunas esenciales en zonas rurales. También señalan que México fue declarado libre de sarampión endémico en dos mil dieciséis, y que la presencia de casos autóctonos en dos mil veinticinco pone en riesgo esa certificación internacional, con consecuencias en términos de gobernabilidad sanitaria, reputación país y cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Panamericana de la Salud.
Entregado el miércoles anterior, el exhorto indica que, de conformidad con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), al veinticuatro de junio de dos mil veinticinco se han confirmado dos mil quinientos noventa y siete casos de sarampión en México, con nueve defunciones asociadas, de las cuales ocho ocurrieron en Chihuahua y una en Sonora, lo que resalta la urgencia de las medidas solicitadas.
