Ángel Roberto O. R. un joven locutor conocido por programas como El Mañanero y Hotline, pasó en cuestión de horas de ser una figura popular en Chihuahua a ocupar titulares por uno de los crímenes más comentados en 2010. Su voz, habitual en las radios juveniles, quedó asociada a la tragedia del asesinato de María Isabel Márquez Vázquez, una menor de 15 años que fue encontrada sin vida en su departamento el 30 de agosto de ese año.
El caso a pesar de haberse registrado hace varios años, el pasado fin de semana surgió de nueva cuenta, cuando con pancartas, salió su imagen por supuestas inconsistencias qué encontraron en el caso y por lo cual reclamaban a las autoridades correspondientes.
De acuerdo con el expediente, la Fiscalía sostuvo que María Isabel fue llevada contra su voluntad al domicilio de Ángel, donde habría sido drogada, agredida sexualmente y asesinada. Minutos después, Ángel fue hallado inconsciente, tras ingerir una sobredosis de medicamentos, lo que lo dejó en estado de coma.
Este punto se convirtió en un eje de controversia: su estado de inconsciencia hizo surgir dudas sobre cómo y cuándo ocurrieron los hechos que lo incriminaron.
Testigos y familiares aseguraron que la versión oficial omitió detalles clave sobre el momento exacto de la muerte de la menor y sobre las circunstancias en las que Ordóñez fue encontrado.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua inició una investigación inmediata que colocó a Ángel como el principal sospechoso. El proceso avanzó rápidamente, sin que trascendieran análisis periciales de ADN u otras pruebas forenses contundentes en medios de comunicación.
Ángel fue sometido a un juicio abreviado, figura legal que permite una sentencia rápida a cambio de aceptar los cargos, lo que derivó en una condena de 30 años de prisión dictada por la jueza Delia Valentina Méndez. El fallo fue presentado como una acción firme contra la violencia de género, aunque voces críticas señalan que se trató de un caso con serias irregularidades.
Con el tiempo, el caso de Ángel fue retomado por periodistas y colectivos de derechos humanos. Documentales como Fabricación de culpables en Chihuahua cuestionaron el proceso, destacando que la investigación pudo haber estado más enfocada en cerrar el expediente que en esclarecer la verdad.
Las denuncias apuntan a la posible manipulación de pruebas y a la falta de una defensa adecuada. Estos trabajos audiovisuales han mostrado testimonios de personas cercanas a Ángel, quienes aseguran que el estado de coma en el que fue encontrado lo hacía incapaz de cometer el crimen.
Familiares de Ángel Ordóñez realizaron una manifestación pacífica frente a la librería del exgobernador Javier Corral, en la ciudad de Chihuahua. Con pancartas, consignas y fotografías del locutor, exigieron la reapertura del caso y una revisión independiente del expediente.
Durante la protesta, señalaron que la sentencia contra Ángel careció de pruebas sólidas y que fue dictada bajo la presión de mostrar resultados en un contexto de alta violencia. Esta no es la primera manifestación; en los últimos años se han organizado diversas acciones para mantener vivo el debate sobre el caso.
En aquel tiempo, el estado de Chihuahua atravesaba una crisis de violencia vinculada al narcotráfico y a los operativos de seguridad federales. Las autoridades estaban bajo presión para presentar resultados, lo que, según algunos analistas, pudo influir en investigaciones aceleradas y en decisiones judiciales apresuradas.
Casos de alto perfil, como el de Ángel, fueron ampliamente cubiertos por los medios, generando una presión mediática que pudo impactar en la narrativa judicial.
Hoy, a casi 15 años de los hechos, Ángel Ordóñez continúa cumpliendo su condena en prisión. Sin embargo, el debate sobre su culpabilidad no ha terminado. Por un lado, la familia de María Isabel sigue pidiendo justicia por la muerte de la joven. Por el otro, los familiares de Ángel insisten en que fue víctima de una fabricación de culpables y que merece un nuevo juicio basado en pruebas sólidas.
