Ciudad de México – En un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad, la madrugada de este miércoles se realizó la reubicación de sesenta personas privadas de la libertad (PPL) a Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos) del interior del país. La operación tuvo como objetivo preservar condiciones de control en los penales federales, debido al perfil de riesgo de los internos, relacionados con diversos delitos que atentan contra la seguridad pública y el bienestar de la sociedad.
Del Cefereso 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, fueron extraídas quince PPL, las cuales fueron concentradas en el Aeropuerto Internacional de Toluca. De manera simultánea, a esa terminal aérea llegaron otros cuarenta y cinco internos procedentes de centros penitenciarios estatales: veinte del Estado de México y cinco de penales de Querétaro, sumando un total de sesenta reubicados.
Las PPL procedentes del Altiplano fueron trasladadas, vía aérea, hacia nueve Ceferesos distribuidos en distintas regiones del país. La operación estuvo a cargo de elementos de la Unidad de Reacción Penitenciaria del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), quienes aseguraron el cumplimiento de los protocolos.
El Gabinete de Seguridad indicó que para estos traslados se contó con el apoyo de la Guardia Nacional, cuyo personal actuó conforme a los protocolos vigentes para garantizar la integridad y el orden durante toda la operación. El operativo se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, en coordinación interinstitucional y con estricto apego a los protocolos establecidos, garantizando en todo momento la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, así como del personal operativo.
El operativo estuvo coordinado por las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, y la colaboración de las secretarías de Seguridad de la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, demostrando una amplia coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para la gestión penitenciaria.
