Bogotá, Colombia – Una jueza colombiana condenó al expresidente Álvaro Uribe a doce años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Se le ordenó la detención domiciliaria, convirtiéndose en el primer exmandatario sentenciado en la historia del país, un hecho que ha generado una fuerte polarización en la nación sudamericana.
La jueza 44 con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, también impuso una multa de quinientos setenta y ocho mil dólares e inhabilitó a Uribe para ejercer derechos y funciones públicas, lo que lo aparta de la vida política de forma definitiva.
El proceso contra Uribe es el resultado de un largo y polarizado caso de casi trece años. Uribe, quien gobernó entre dos mil dos y dos mil diez, se había declarado inocente. Su defensa anunció que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá, buscando revertir la sentencia.
El caso se originó en dos mil doce, cuando Uribe acusó al senador Iván Cepeda de un complot para vincularlo con escuadrones paramilitares. Sin embargo, en dos mil dieciocho la Corte Suprema de Justicia determinó que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo sin presionar a nadie, mientras que Uribe sí presionó a testigos a través de terceros, lo que llevó a la apertura de la investigación en su contra.
La sentencia se da en el preámbulo de las campañas para las elecciones legislativas y presidenciales de dos mil veintiséis y podría tener implicaciones en las relaciones con Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, cuestionó el fallo, mientras que el presidente Gustavo Petro exigió respeto a la independencia judicial, en un cruce de declaraciones internacionales.
Uribe se une a una lista de exmandatarios latinoamericanos que han enfrentado procesos criminales. Durante su presidencia, Uribe impulsó una ofensiva militar contra la guerrilla y promovió una negociación de paz que desintegró a los grupos paramilitares, responsables de miles de asesinatos.
En dos mil veinte, ya había estado bajo arresto domiciliario por dos meses, en una situación similar a la actual.
