A menos de dos meses de cumplir su primer año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un cambio estratégico en su gabinete: la salida de Pablo Gómez Álvarez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para encabezar una comisión presidencial encargada de diseñar una reforma electoral.
Gómez Álvarez, economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asumió la dirección de la UIF en noviembre de 2021, tras la renuncia de Santiago Nieto Castillo durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Su permanencia en el cargo fue ratificada el 3 de octubre de 2024 ya bajo el gobierno de Sheinbaum, desde donde se mantuvo como una figura polémica y frontal en sus críticas contra el Poder Judicial, al que llegó a calificar como “enemigo” por, según él, frenar los esfuerzos por desmantelar el “Estado corrupto”.
Su gestión al frente de la UIF estuvo marcada por episodios de confrontación pública, como el enfrentamiento con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) en la antesala de la elección judicial de 2024, así como sus señalamientos contra Organizaciones No Gubernamentales (ONG) por supuesta opacidad en el origen de sus recursos. En agosto de 2023, por ejemplo, exigió la transparencia total en el financiamiento de asociaciones civiles, tras revelar presuntos pagos millonarios desde Estados Unidos a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Gómez Álvarez, una de las figuras históricas de la izquierda mexicana, participó en el movimiento estudiantil de 1968 y ha sido cuatro veces diputado federal y senador de la República. Conferencista, autor y coautor de diversos libros, así como articulista en medios nacionales, ha sido protagonista en varias reformas político-electorales que buscaban, según sus propias palabras, “allanar el camino hacia la democracia” en México.
En 2022, cuando ocupaba la UIF en el sexenio de López Obrador, adelantó su visión sobre una eventual reforma electoral, afirmando que debía “cerrar el paso a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales” mediante mecanismos como la proporcionalidad pura y listas abiertas que, dijo, permitirían mayor transparencia en la designación de candidatos y reducirían el riesgo de infiltración criminal.
Ahora, como presidente de la Comisión para la Reforma Electoral, Gómez Álvarez tendrá la encomienda de formular una propuesta que, de acuerdo con el discurso oficial, buscará fortalecer la equidad, la transparencia y la participación ciudadana en las elecciones. El reto no es menor: el tema de la reforma electoral ha sido históricamente un terreno de disputa política, con posturas encontradas entre el oficialismo y la oposición, así como tensiones con organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Este movimiento en el gabinete no sólo marca el cierre de una etapa de Gómez Álvarez en el combate al lavado de dinero y delitos financieros, sino también el inicio de un proceso que podría redefinir las reglas del juego político en México.
