En las calles polvorientas de Ciudad Juárez, donde la frustración hierve como un café olvidado en la estufa, hoy las noticias nos sirven un plato de rebeldía ciudadana, escrutinio a la muerte y un toque de ternura animal. Una caravana exige la revocación del alcalde, cuatro funerarias son suspendidas por jugar sucio con los difuntos, y el Congreso estatal estudia una iniciativa para regular veterinarias. Son temas que, en esta frontera de contrastes, nos recuerdan que la voz del pueblo, aunque suene minoritaria, puede mover montañas –o al menos, sacudir el status quo.
Primero, una caravana de ciudadanos, con apenas 300 vehículos, rodó por las avenidas exigiendo la revocación de mandato del alcalde Cruz Pérez Cuéllar. ¡Qué audacia la de estos juarenses, armados con cláxones y pancartas, en una ciudad donde los políticos parecen inmunes a las críticas!
El análisis es claro: una revocación no es solo un capricho; podría ser un terremoto político que desestabilice la administración municipal, forzando a un escrutinio nacional sobre la gestión en Juárez. Imaginen las repercusiones: presupuestos reasignados, aliados políticos en pánico y una ola de demandas que exponga las grietas en la seguridad, el bacheo y las promesas incumplidas.
Pero, un momento, ¿Una caravana compuesta por 300 vehículos suenan a minoría? Claro que sí, puede parecer una minoría frente al rumor de la indiferencia mayoritaria. Sin embargo, esa pequeña manifestación se parece más a un latido fuerte que a silencio: un mensaje claro de que una parte de la ciudadanía ya vacunada contra la apatía exige una revocación de mandato.
Cuando el pueblo suspira, no debería importarnos cuántos autos lo acompañan, sino cuántos corazones laten detrás de esa caravana. Porque exigirse rendición de cuentas no es derecho de mayoría, sino responsabilidad democrática. Si el sistema lo permite, escuchar esas voces es justo. Y si no lo permite, deberíamos preguntarnos por qué importa más mantener a un funcionario en su silla que honrar el pulso ciudadano.
En una ciudad de más de un millón y medio de almas, es como un susurro en un estadio. Sin embargo, esta minoría no debe ser ignorada: representa el descontento acumulado de una ciudadanía harta de discursos vacíos y resultados nulos. En un México donde la revocación de mandato es un mecanismo constitucional, esta caravana podría encender una chispa que inspire a más, recordándonos que el poder real reside en las calles, no en las oficinas.
Si el INE abre la puerta a un proceso formal, las repercusiones podrían extenderse al Congreso local, cuestionando no solo a Pérez Cuéllar, sino al sistema entero que permite que un alcalde siga en el cargo pese a tener demandas en curso el mismo alcalde y aclaraciones de presupuestos federales pendientes por aclarar, mientras regala a otras ciudades el patrimonio de los juarenses. ¡Escuchen a esos 300, Juárez, porque podrían ser los primeros en una marea mayor!
Mientras tanto, en el sombrío mundo de los funerarios, el gobierno estatal suspendió cuatro empresas por irregularidades que erizan la piel. Estas compañías, que deberían manejar la muerte con dignidad, fueron pilladas en prácticas turbias: desde cobros excesivos hasta posibles fraudes en servicios que dejan a familias en duelo al borde de la ruina.
La Secretaría de Salud y la Profeco, en un raro arranque de eficiencia, cerraron las puertas temporalmente, prometiendo inspecciones exhaustivas para evitar otro escándalo como el del crematorio Plenitud, donde 386 cuerpos fueron abandonados como si fueran cualquier cosa.
Las repercusiones son obvias: familias engañadas podrían demandar indemnizaciones masivas, y el sector funerario entero se someterá a un escrutinio que podría resultar en regulaciones más estrictas, como contratos obligatorios y auditorías anuales. En Juárez, donde la violencia hace que los servicios funerarios sean un negocio floreciente, esta suspensión es un recordatorio cruel de que incluso en la muerte, la corrupción acecha.
Pero, oigan, hay un lado positivo: si estas acciones llevan a un marco legal más robusto, las familias podrían al fin enterrar a sus seres queridos sin temor a ser estafadas. Es un paso hacia la transparencia en un gremio que ha operado en las sombras demasiado tiempo, y podría prevenir tragedias futuras en una ciudad que ya tiene suficiente con sus propios demonios. Esperamos que este no sea solo un caso aislado y que se convierta en política pública. Porque Juárez necesita seguridad… incluso en el último adiós.
Y para aligerar el ambiente, el Congreso estatal estudia una iniciativa para regular las veterinarias, un tema que, en medio del caos, suena casi cómico pero es vital para miles de dueños de mascotas. La propuesta, impulsada por legisladores locales, busca estandarizar servicios, licencias y precios para evitar abusos en clínicas que cobran fortunas por una vacuna o una esterilización.
En Juárez, donde las mascotas son familia en un hogar que a menudo se siente incompleto, esta regulación podría significar consultas asequibles y tratamientos éticos, reduciendo el abandono animal y promoviendo una cultura de responsabilidad. Las repercusiones serían positivas: más veterinarias certificadas, campañas de adopción impulsadas y, quién sabe, hasta un freno a las clínicas clandestinas que terminan en escándalos de maltrato.
Es un guiño a la empatía en una ciudad endurecida por la violencia, recordándonos que Juárez no solo es balas y baches, sino también colas moviéndose y ronroneos en las noches. Si el Congreso aprueba esta iniciativa, podría ser un modelo para otros estados, mostrando que el gobierno puede preocuparse por los “lomitos y los michis”. Sin descuidar los otros temas grandes.
