Ciudad de México – Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzaron una advertencia sobre lo que calificaron como una práctica inconstitucional del gobierno federal: la exclusión definitiva de adultos mayores del Programa de Pensión para el Bienestar. Los legisladores acusan que se busca excluir a beneficiarios por supuestas inconsistencias administrativas o ausencia en el cobro del apoyo por dos bimestres consecutivos.
En conferencia, los legisladores denunciaron la existencia de una presunta “lista negra” elaborada por la Secretaría del Bienestar, en la que se identifican a beneficiarios que serán dados de baja de forma irreversible. El PRI argumenta que el derecho a recibir este apoyo está consagrado en la Constitución como universal y no regresivo. “La cancelación definitiva sin vías de subsanación viola los principios de legalidad, igualdad, no discriminación y seguridad jurídica”, sostuvieron los senadores.
Ante esta situación, el grupo parlamentario del PRI presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Hacienda a informar públicamente los criterios que sustentan las bajas definitivas. También solicitaron detallar los mecanismos de notificación, corrección o apelación para los afectados, así como las implicaciones presupuestales de estas decisiones.
Los legisladores recordaron que la reforma constitucional aprobada el ocho de mayo de dos mil veinticuatro reforzó el carácter de derecho social fundamental de la pensión para personas adultas mayores. En este sentido, enfatizaron que la entrega no puede estar sujeta a decisiones discrecionales o criterios administrativos opacos. “El Estado tiene la obligación de proteger a quienes más lo necesitan. No se puede poner en juego la dignidad ni los derechos de las personas adultas mayores por simples errores en la CURP o en su dirección”, sentenciaron.
