H. Cd. de Chihuahua.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el Decreto LXVII/RFLEY/0571/2023 aprobado por el Congreso de Chihuahua, al concluir que no se consultó a las personas con discapacidad psicosocial, quienes serían directamente impactadas por las reformas en materia de atención a personas con pensamientos suicidas.
El decreto, publicado en julio de 2023, contemplaba medidas como políticas de prevención del suicidio, definiciones de “conducta” e “intento suicida”, mayor personal de psicología en escuelas y responsabilidades ampliadas para el Instituto Chihuahuense de Salud Mental.
Aunque estas disposiciones representaban avances, la Corte coincidió con la CNDH en que la falta de consulta previa viciaba de origen el proceso legislativo. El presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, precisó que se analizaron artículo por artículo, distinguiendo avances de normas inconstitucionales.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa recalcó que las reformas impactaban de manera directa a la población vulnerable, por lo que era indispensable escucharla antes de legislar.
El Pleno ordenó al Congreso estatal realizar en los próximos doce meses una consulta estrecha y efectiva con personas con discapacidad psicosocial y sus organizaciones. Hasta entonces, las disposiciones del decreto quedan invalidadas, sin que ello signifique la desaparición total de la Ley de Salud Mental vigente.
