La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) obtuvo este viernes la vinculación a proceso en contra de Martha Alicia M. A., acusada de haber participado en el feminicidio de Leslie G. C., de 20 años, y de haber extraído de manera clandestina a su bebé de 35 semanas de gestación, el cual sobrevivió con lesiones de gravedad.
De acuerdo con los datos expuestos en la audiencia inicial, la imputada fue señalada por testigos protegidos como la persona que habría practicado una cesárea en una vivienda particular, sin contar con preparación médica ni con las condiciones adecuadas. Según las investigaciones, la intervención provocó que la joven madre sufriera un choque hipovolémico —falla orgánica ocasionada por la pérdida masiva de sangre tras la extracción uterina— lo que derivó en su fallecimiento.
Posteriormente, la imputada trasladó al recién nacido hasta un hospital ubicado cerca de la carretera Juárez–El Porvenir, donde médicos confirmaron que el menor presentaba lesiones que ponen en riesgo su vida y que, además, tendrán consecuencias médico-legales a futuro.
La jueza de control del Tribunal Especializado en Violencia de Género determinó que existían elementos suficientes para considerar a Martha Alicia como probable responsable de los delitos de feminicidio y homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio del bebé. En este sentido, reclasificó la acusación presentada por el Ministerio Público, que solicitaba procesarla únicamente por lesiones contra el recién nacido. La juzgadora señaló que el hecho de haber realizado un procedimiento quirúrgico sin conocimientos médicos ni autorización constituía un acto que atentó directamente contra la vida del menor.
Como parte de la resolución, se dictó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público deberá robustecer la carpeta con peritajes, testimonios y demás pruebas que permitan definir la responsabilidad penal de la acusada.
La FEM resaltó que este caso refleja la gravedad de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia extrema y la importancia de que el sistema judicial actúe con perspectiva de género y de niñez, a fin de garantizar justicia tanto para la víctima mortal como para el recién nacido que lucha por sobrevivir.
