El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, recibió la protección de un Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Tamaulipas, que ordenó la suspensión de la condena de 92 años y seis meses de prisión que le fue impuesta. Esta medida frena la ejecución de la sentencia mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por la defensa del exfuncionario, quien permanece en prisión por otros delitos.
La condena suspendida corresponde específicamente al delito de secuestro en agravio de integrantes del Frente de Unidad Popular (FUP) de Iguala, entre ellos el líder del movimiento, Arturo Hernández Cardona.
La condena original, emitida en 2023, se basó en evidencias que acreditaban la participación del exalcalde en el secuestro de activistas del movimiento campesino, crimen ocurrido en 2013, un año antes de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
El Tribunal determinó que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa no son considerados terceros interesados en este proceso de amparo, pues la sentencia por secuestro que se le imputa a Abarca no impacta de manera directa en la reparación del daño a estas víctimas.
La resolución precisó que la condena corresponde únicamente al secuestro en agravio de integrantes de la organización social FUP.
No obstante, en mayo del mismo año, José Luis Abarca fue absuelto del delito de delincuencia organizada relacionado con el caso Ayotzinapa por un juez federal. Ese fallo desestimó como insuficientes los elementos probatorios presentados por la entonces Procuraduría General de la República, señalando que algunas declaraciones se obtuvieron bajo coacción o tortura.
Pese a la suspensión concedida respecto a la condena por secuestro, Abarca aún enfrenta procesos judiciales vinculados a delitos cometidos durante su gestión al frente del municipio de Iguala.
La suspensión vigente impide, por el momento, la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo, mientras la situación jurídica del exalcalde permanece sujeta a la evaluación de los tribunales.
