H. Cd. de Chihuahua.- Han pasado 11 años desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un hecho que marcó a México y que aún permanece en la memoria colectiva como una de las heridas más profundas de nuestra historia reciente.
Lo que inició como una noche de represión en Iguala, Guerrero, se convirtió en un caso de Estado, rodeado de promesas incumplidas, versiones oficiales cuestionadas y un dolor que no se apaga. La llamada “Verdad Histórica” presentada en 2014 aseguró que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en Cocula; sin embargo, las familias nunca aceptaron esa versión y desde entonces mantienen una lucha incansable por verdad y justicia.
“Yo me pongo a pensar que quizá moriré sin conocer el paradero de mi hijo, y eso para nosotros es devastador”, confiesa Melitón Ortega, familiar de uno de los normalistas desaparecidos. Sus palabras reflejan la angustia que ha acompañado a decenas de familias durante más de una década.
En estos 11 años, al menos seis padres y madres han fallecido sin respuestas, mientras que los gobiernos han prometido esclarecer el caso. Aunque se han detenido a militares, exfuncionarios y se mantienen mesas de trabajo con las familias, los avances siguen siendo insuficientes.
El relevo presidencial con Claudia Sheinbaum trajo nuevas reuniones y compromisos, pero también la misma resistencia al tocar un punto clave: la información en manos del Ejército. “No vamos a permitir que se regrese a la verdad histórica”, advierte el abogado Isidoro Vicario, representante actual de las familias.
Hoy, el caso Ayotzinapa no es solo una demanda de justicia para los 43, sino un símbolo de la deuda que el Estado mexicano mantiene con miles de familias que buscan a sus desaparecidos.
La lucha continúa. Y con ella, la exigencia: Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
