La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 456 votos a favor, un dictamen que allana el camino para la creación de una Ley General contra la Extorsión en México. La decisión obtuvo respaldo total de todas las fuerzas políticas y busca enfrentar el delito que, según cifras del INEGI, afectó a más de veintitrés millones de personas en 2024.
El dictamen establece un marco único para prevenir, investigar y sancionar la extorsión, incorporándolo al catálogo de ilícitos que merecen prisión preventiva oficiosa y modificando el Código Penal Federal. La homologación del tipo penal busca impedir que las diferencias estatales en las leyes sean aprovechadas por la delincuencia.
Entre los cambios más relevantes están:
- La extorsión será perseguida de oficio y no será necesario esperar una denuncia formal para que el Ministerio Público actúe.
- Se permiten denuncias anónimas, incluso a través del 089, con protección de identidad para víctimas y testigos.
- El uso de telecomunicaciones y redes sociales para extorsionar será objeto de tratamiento penal específico, y se faculta el bloqueo inmediato de números telefónicos vinculados.
- Se eliminan beneficios de libertad anticipada y se incorpora la prisión preventiva oficiosa.
Durante el debate, la oposición, a través del diputado Arturo Yáñez, sostuvo que la aprobación de esta ley reconoce el fracaso de estrategias previas de seguridad. Yáñez expresó preocupación por la eliminación de agravantes para policías o militares y la reducción de penas si el delincuente “se arrepiente”. Por su parte, el PRI y el PAN solicitaron penas básicas más altas y advirtieron que ciertas agravantes afectarían negativamente a los sindicatos.
Ahora, con esta nueva ley, autoridades federales, estatales y municipales deberán coordinar sus acciones y compartir información. El objetivo, según la mayoría parlamentaria, es cerrar filas contra un delito cuya presencia afecta tanto a la vida cotidiana como a la actividad económica en todo el país.
