El Congreso del Estado de Chiapas aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes, una medida legislativa que busca enfrentar la alta incidencia de embarazos infantiles y adolescentes en la entidad, la cual ocupa el primer lugar nacional en este rubro.
La nueva norma establece la obligación para las instituciones del Sistema Estatal de Salud de garantizar el acceso a este procedimiento a niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de violación. Asimismo, las instituciones de salud deberán notificar a las autoridades investigadoras sobre los hechos delictivos.
Durante la sesión ordinaria, se destacó que la ley busca que las menores violentadas “puedan acceder a un procedimiento médico seguro, gratuito y de calidad, sin discriminación”, bajo principios de dignidad humana, perspectiva de género y el interés superior de la niñez, evitando la criminalización.
El dictamen fue aprobado con 31 votos a favor, dos en contra, dos abstenciones y cinco ausencias. En tribuna, la diputada Marcela Castillo reiteró que “el embarazo infantil no es una elección, es la consecuencia de un delito”. Según datos citados en el Congreso, los delitos de pederastia, violación y estupro contra menores en Chiapas aumentaron un 12 por ciento entre enero y agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2023.
La legislación dispone que la decisión de interrumpir un embarazo sea “libre, informada y respetuosa de la dignidad humana”. La Secretaría de Salud de Chiapas tendrá 180 días hábiles para emitir el reglamento que garantice la aplicación efectiva de la ley.
