
Morena busca cerrar brechas legales que permiten reclasificar intentos de asesinato como simples “lesiones”, dejando en riesgo a las sobrevivientes.
Chihuahua, Chih., 18 de noviembre de 2025.– La diputada por Morena Leticia Ortega Máynez, presentó una iniciativa para reformar los artículos 75 y 126 Bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer la punibilidad y la definición jurídica de la tentativa de feminicidio, una problemática que sigue dejando a cientos de mujeres en situación de desprotección institucional.
Durante la exposición de motivos, la legisladora advirtió que México enfrenta “una grave crisis de violencia feminicida”, señalando que cada día son asesinadas entre 10 y 11 mujeres y que la impunidad supera el 85%. Agregó que existe otra dimensión del problema: “las mujeres que sobreviven a un intento de feminicidio”, mismas que hoy quedan atrapadas entre secuelas físicas, emocionales y fallas del sistema de justicia.
La iniciativa denuncia que en Chihuahua muchos intentos de feminicidio se reclasifican como lesiones, aun cuando existen evidencias claras de intención de matar. El documento señala que esta práctica institucional provoca “una doble violencia: la física, ejercida por el agresor, y la institucional, cuando el Estado minimiza la gravedad del hecho”.
Ortega recordó casos documentados en Ciudad Juárez, Chihuahua capital y Cuauhtémoc, donde mujeres sobrevivieron a puñaladas en cuello y tórax, estrangulamientos o disparos dirigidos a zonas vitales, pero las carpetas se iniciaron como “lesiones dolosas”, reduciendo de manera drástica las consecuencias penales para los agresores.
La propuesta plantea:
- Establecer en el artículo 75 que la tentativa de feminicidio tenga una punibilidad específica, con penas de tres cuartas partes de la mínima hasta cuatro quintas partes de la máxima del delito consumado.
- Incorporar en el artículo 126 Bis una definición clara de tentativa de feminicidio y prohibir su reclasificación cuando existan “elementos objetivos y contextuales que revelen razones de género”, incluyendo antecedentes de violencia, amenazas o violencia sexual.

