Una jueza federal rechazó otorgar el beneficio de liberación anticipada al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, debido a que no cumple con los requisitos que ordena la ley de ejecución nacional penal.
Ángela Zamorano Herrera, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte señaló que, al no reunirse la totalidad de los requisitos del artículo 141 de la ley, resulta infundada la petición de libertad anticipada.
Javier Duarte se declaró culpable, sin ir a juicio, el 26 de septiembre de 2018, por un caso de lavado de dinero con empresas fantasma que fueron invertidos en diversos bienes.
Previamente, se dio a la fuga en 2016, año en que dejó la gobernatura de Veracruz. No obstante, fue detenido el 15 de abril de 2017 en Panajachel, Guatemala; dos meses después, el 17 de julio, fue extraditado a México.
Duarte fue absuelto en noviembre de 2024 del proceso penal en su contra por su presunta participación en el delito de desaparición forzada del policía David Lara Cruz.
Asimismo, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), más de 62 mil millones de pesos de fondos federales fueron malversados en el estado de Veracruz durante la gestión del ex gobernador. Sin embargo, no hay cargos en su contra.
Actualmente, Duarte no tiene pendientes procesos penales a nivel federal y local en su contra.
Previo a la resolución, Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte, confiaba en que la determinación fuera favorable para su cliente.
“La resolución. Esperamos que la resolución sea favorable, conforme a derecho. La suerte está echada y pues nada más es esperar, nada más venimos a la lectura de la resolución”.
“Creo que fue muy claro, los requisitos son puntuales, los documentos que determinan si se cumplen o no son muy puntuales, tenemos los documentos que indica que sí los cumple y por lo tanto confiamos en que se debe resolver así. En todo caso, vamos a respetar la decisión que se tome”.
“No me parece que así lo sea y más bien me gustaría que no influyera eso en dado caso, en la resolución.
“Creo que esto es un caso que puede fijar un antecedente claro en la preocupación que tienen muchas personas, empresarios, políticos, ciudadanos en general, en cuanto a la imparcialidad del poder judicial y el respeto al estado derecho.”
“Su caso que insisto, los requisitos son claros son puntuales, no son interpretables y de ser cumplidos se debe de conceder este beneficio, creo que sería un buen mensaje resolver conforme a derecho a pesar de las cargas en cuestiones políticas”, subrayó.
