Pagar impuestos sí… que se los roben, NO
Hay algo en lo que todos los mexicanos estamos plenamente de acuerdo, los impuestos se pagan. Son necesarios, sostienen escuelas, hospitales, carreteras, seguridad, programas sociales. Y la mayoría de la gente, esa que no tiene despachos carísimos ni asesores por doquier, paga puntualmente porque no tiene escapatoria.
Lo que no estamos dispuestos a seguir tolerando es que esa misma lana que sale del esfuerzo de millones acabe en bolsillos ajenos, desviada, condonada a los cuates, o manipulada por los mismos políticos que han gobernado este país durante décadas, sin importar colores. Porque si algo ha sido parejo en México es que todos los gobiernos han tenido su capítulo de corrupción.
Y justo en ese contexto estalla nuevamente el debate fiscal con el caso FEMSA y su cadena de OXXO, luego de que la ministra Lenia Batres logró que la Suprema Corte reabriera el expediente del millonario adeudo que apenas una semana antes parecía cerrado. Lo que fue un 8–1 en contra se convirtió mágicamente en un 6–3 a favor, un giro que permitirá revisar a fondo un caso que, como otros, ha flotado entre tribunales y tecnicismos legales.
Batres argumenta algo que, en el papel, suena justo, si la Corte ya revisa los litigios fiscales de empresas ligadas a Ricardo Salinas Pliego, entonces FEMSA tampoco debería tener trato preferencial, y tiene razón, la justicia fiscal debe ser pareja, sin importar el tamaño del corporativo ni la influencia de sus dueños.
Pero aquí está el punto de fondo,
el verdadero enojo social no es solo que las grandes empresas busquen defenderse, porque todas lo hacen, sino que durante años el gobierno permitiera, negociara o incluso incentivara que los grandes contribuyentes pagaran menos, mientras los ciudadanos cargaban solos con el peso del erario.
Y cuando vemos que, al final, pese a los discursos, el dinero público sigue esfumándose, la gente naturalmente se pregunta;
¿para qué pagar si “allá arriba” se lo reparten?
La decisión de la Corte, que se conocerá en los próximos meses, podría marcar un antes y un después en cómo se cobran los adeudos fiscales en México. Porque este país ya no aguanta más simulaciones, ni condonaciones disfrazadas, ni privilegios ocultos, ni corruptelas históricas.
Pagar impuestos sí, esa no es la discusión. El problema es que pagamos todos… pero solo unos cuantos se quedan con el cambio.
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¿Los mejores alcaldes del PRI? ¿Los peores de Morena?
Una nueva encuesta de Arias Consultores volvió a mover el avispero político, según sus números, los mejores alcaldes del país son los del PRI, mientras que los peores son los de Morena.
La conclusión cae como anillo al dedo para unos… y como pedrada para otros.
Y claro, no tardó en aparecer quien tomó esos datos como verdad absoluta. El diputado federal Alejandro Domínguez, uno de los perfiles más visibles del PRI en Chihuahua, lanzó de inmediato una campaña en redes asegurando que la encuesta “confirma lo que todos ya sabían”. ¿Será?
Porque aquí conviene hacerse una pregunta seria, ¿Realmente los resultados reflejan la realidad o reflejan lo que cada partido quiere creer?
Las encuestas, especialmente en tiempos de polarización, se han convertido en armas políticas. Una cifra, un ranking o una gráfica pueden convertirse en municiones listas para dispararse en redes sociales, y cada quien las interpreta según le convenga. El problema no es la encuesta, sino cómo se usa.
Hoy, el PRI presume los resultados como certificado de excelencia. Mañana, Morena criticará la metodología. Pasado mañana, otra casa encuestadora dirá exactamente lo contrario.
Y mientras tanto, la ciudadanía, la que realmente vive el desempeño de sus alcaldes, sigue atorada entre discursos, campañas, y “verdades” estadísticas que cambian según el color del partido.
¿Son buenos los alcaldes del PRI? Algunos sí, otros no.
¿Son malos los de Morena? Algunos sí, otros no.
Eso no lo define una encuesta, lo define la calle.
Lo único seguro es que los partidos seguirán usando estas mediciones como bandera política, aunque la realidad, esa que no cabe en una gráfica, sea mucho más compleja.
La encuesta de Arias dice una cosa.
Alejandro Domínguez la celebra.
Pero la pregunta que sigue en el aire es la única que importa;
¿Será?
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Debemos frenar la violencia contra las mujeres
Los números no mienten y, lo peor, no dejan de crecer.
En Chihuahua, 1,191 mujeres han recibido atención médica por agresiones cometidas por sus parejas tan solo entre enero y el 15 de noviembre de 2025. Son más que las registradas en 2023 y 2024. A nivel nacional, la cifra asciende a 38,866 mujeres. No es una estadística, es ya una emergencia.
Frenar la violencia contra las mujeres no es una consigna de moda. Es una exigencia urgente por varias razones fundamentales:
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- Porque la violencia de pareja es un problema de salud pública, no un “asunto privado”.
Los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica lo dejan claro, la violencia intrafamiliar requiere atención médica, psicológica y de apoyo comunitario. No es algo que se arregla en casa. Es una crisis que recae sobre instituciones, familias y comunidades enteras.
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- Porque destruye la salud mental de las mujeres.
La especialista Ana Karla Castillo advierte que la violencia de pareja genera depresión, ansiedad y estrés postraumático. Estos trastornos afectan la vida laboral, familiar y social. No solo se golpea el cuerpo, se hierra la mente, la autoestima y la autonomía.
Una mujer violentada vive atrapada en un círculo que la desgasta todos los días.
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- Porque también causa secuelas físicas graves.
La violencia no solo deja moretones. Provoca cefaleas, hipertensión, trastornos del sueño y puede empeorar enfermedades metabólicas como diabetes o problemas cardiovasculares.
Es decir, la violencia enferma, incapacita… y puede matar, directa o indirectamente.
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- Porque normalizarla perpetúa generaciones enteras de daño.
Los niños que crecen en hogares donde las mujeres son violentadas repiten o toleran esos patrones en la adultez. Cada golpe que se normaliza hoy, es una violencia que se repite mañana. No romper el ciclo significa condenar el futuro.
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- Porque muchas mujeres no piden ayuda por miedo, y eso nos hace responsables a todos.
Castillo subraya un punto crucial; las mujeres necesitan entornos seguros para pedir ayuda.
Si temen represalias, burlas, juicios o indiferencia, no hablarán. Y entonces la violencia continúa.
La responsabilidad es colectiva, familias, instituciones, autoridades, escuelas, comunidades y medios. El silencio social hace cómplice al entorno.
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- Porque cada número representa una vida que pudo haberse salvado.
1,191 mujeres en Chihuahua no son estadísticas, son historias de miedo, de dolor y de supervivencia.
Y mientras no hagamos nada, mientras solo reaccionemos y no prevengamos, la cifra seguirá subiendo.
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- Porque la violencia contra las mujeres no es inevitable… es producto de decisiones.
De decisiones políticas, judiciales, presupuestales, culturales y personales.
Y si se produce por decisiones, también puede desmantelarse con decisiones,más prevención, más atención psicológica, más acompañamiento, más educación y más sanciones reales.
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Frenar la violencia contra las mujeres no es un favor, es una obligación moral, social y humana.
Y cada día que pasa sin actuar, la deuda solo crecerá.
