México, ese país donde la justicia se sirve en platos de cartón, caliente para unos y fría para otros, como un puesto de tacos que cobra extra por el cilantro. Imagínense la escena del 8 de diciembre: el exgobernador de Chihuahua, César Duarte –ese priista de bigote galante y ranchos con ganado fantasma–, es esposado y llevado hasta la FGR en la CDMX como un trofeo de caza mayor. Acusado de operar con recursos ilícitos, lavado de dinero y peculado que suma miles de millones.
¡Caray! Después de tantos años de “investigaciones eternas” —que parecían más maratones burocráticos que persecución de la ley— finalmente se concreta un jalón serio de la justicia. Pero no nos engañemos: este movimiento no es un huracán aislado, sino el primer trueno de una nueva era de fiscalización… y también de alineamientos políticos.
Es el primer zarpazo filoso de Ernestina Godoy, la nueva flamante fiscal general de la República, esa abogada morenista que Sheinbaum colocó en el trono de Gertz con la gracia de quien cambia un neumático pinchado por uno de repuesto. “Cero tolerancias a la corrupción”, jura Godoy desde su nuevo despacho, con esa serenidad de quien sabe que el poder no pide permiso para actuar.
Así que no hay que cerrarse los ojos: la detención de Duarte no cae del cielo por obra y gracia del azar. Es el primer movimiento fuerte bajo una nueva conducción que llegó con mandato político encima y con la responsabilidad implícita (o explícita) de demostrar resultados en un sexenio.
Pero aquí va la punzada: ¿cuánto de esta persecución es justicia y cuánto es expediente político? Porque Duarte no solo fue acusado de desvíos millonarios; es también el personaje que, durante años, representó una de las figuras más desgastadas del PRI en la frontera norte. Ese mismo hombre que terminó en Miami y cuya extradición tardó meses en concretarse, hoy es la ficha con la que Godoy inicia su mandato.
Y claro, como toda buena telenovela política fronteriza, hay un capítulo con eco local: Javier Corral, otro exgobernador de Chihuahua, ese traidor serial que saltó del PAN a los brazos de Morena como un amante despechado, ahora es senador de la 4T y tiene una carpetita penal en Chihuahua por un desfalco de 98.6 millones que huele a abuso de poder y golf pagado con erario.
La fiscalía estatal, con Abelardo Valenzuela al frente, se niega a entregar el expediente a Godoy –”Es un abuso para dar pase de salida”, truena–, pero el aire está cargado de ironía: Godoy, que en 2023 fue bloqueada por el PAN en su ratificación como fiscal capitalina por perseguir al “cártel inmobiliario” panista en la Benito Juárez, ahora recibe votos de algunos azules en el Senado para su nuevo cargo. ¿Coincidencia? Oportunismo puro: Corral, con su rencor eterno y su fuero como escudo, podría ser el carnal político que Godoy protege mientras muele a Duarte, su viejo rival en el PAN. ¿Justicia o ajuste de cuentas? y aunque no hay indicios de colaboración abierta, sí hay historia compartida de señalamientos cruzados, sobre todo ahora que Corral brincó de bando y se hizo morenista, a pesar de no estar afiliado.
La pregunta que se hacen muchos en Chihuahua no es menor: ¿Qué tanto influyen las batallas pasadas entre Corral y Duarte en el actuar de Godoy y la FGR? Porque el expediente contra Duarte nació por denuncias locales cuando Corral era gobernador. Hoy, con Godoy, la federación recoge ese testigo años después en un contexto nacional muy distinto.
No estamos hablando de simples coincidencias, sino de la historia de dos grupos políticos confrontados que ahora se ven reflejados en decisiones judiciales federales. ¿Es la Fiscalía un órgano autónomo o un mecanismo de presión/selectividad política? Esa es la duda que muchos se hacen —y que pocos tienen la valentía de decir en voz alta.
Y mientras la FGR juega a las sillas musicales con exgobernadores, en la frontera el agua sigue siendo el oro que no brilla: la codiciada dirección ejecutiva de la JMAS ya tiene su terna de gladiadores, aprobada por el Consejo de Administración como si fuera una audición para reality de supervivencia política. Marco Licón Barraza, el ingeniero con experiencia en otras empresas del gobierno; Humberto Lozoya, el eterno burócrata que sabe de números, pero huele a rotaciones sospechosas; y Amparo Beltrán Ceballos, la administradora con toque femenino que jura honestidad en un puesto donde la corrupción ha sido la reina indiscutida.
Después del “cierre de ciclo” de Sergio Nevárez –ese mártir panista que se fue con la frente en alto y los ojos en la alcaldía–, esta terna es el siguiente acto del teatro juarense: ¿elegirán a un salvador o a otro peón en el ajedrez, el elegido no solo manejará presupuestos; bailará al ritmo de la política local, regando votos para 2027 mientras evita que la ciudad se seque en sequías presupuestales.
Apuesto por el que prometa menos y haga más, pero en esta ciudad, las promesas son como el agua: prometen mucho y se evaporan rápido.
