A quince años del asesinato de la activista chihuahuense Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido el 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, el caso continúa siendo uno de los episodios más dolorosos y emblemáticos de impunidad en México.
Hoy, su nombre sigue representando la resistencia de miles de madres que buscan justicia por sus hijas víctimas de feminicidio, mientras que las omisiones del Estado permanecen como una herida abierta.
Marisela comenzó su lucha tras la desaparición de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, de 16 años, ocurrida en agosto de 2008 en Ciudad Juárez.
La joven fue asesinada por su pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien no solo confesó el crimen sino que describió cómo quemó y desmembró el cuerpo antes de arrojarlo a un basurero de la ciudad.
Con esa revelación, las autoridades localizaron restos óseos que confirmaron la muerte de Rubí. Pese a ello, Barraza huyó a Fresnillo, Zacatecas, donde se resguardó con apoyo de organizaciones criminales.
En 2010, el feminicida fue detenido y llevado a juicio en Chihuahua. Sin embargo, en una decisión que desató indignación nacional, un tribunal de jueces orales lo absolvió por supuestas deficiencias en la integración de la averiguación previa, aun cuando existía una confesión completa, evidencia física y elementos que lo vinculaban directamente con los hechos.
Semanas después, la resolución fue revocada y se ordenó su reaprehensión, pero para entonces Barraza ya había escapado nuevamente sin que las autoridades lograran capturarlo.
Fue en ese momento cuando Marisela se transformó en un símbolo social. Abandonó su trabajo, dejó su casa y emprendió una búsqueda personal que la llevó a recorrer oficinas gubernamentales, plantarse frente a sedes oficiales y marchar en distintas ciudades del país. Documentó la ruta del asesino, denunció su paradero y afirmó públicamente que las autoridades conocían su ubicación en Zacatecas, pero que no actuaban por miedo o por complicidad.
Durante meses, también fue blanco de amenazas que denunció sin recibir protección del Estado.
La noche del 16 de diciembre de 2010, mientras mantenía un plantón permanente frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, Marisela fue asesinada a sangre fría. Un hombre se acercó, le disparó y huyó con apoyo de cómplices en vehículos que lo esperaban a unos metros.
Toda la secuencia quedó grabada en cámaras de seguridad. Su ejecución, cometida en uno de los lugares más custodiados de la capital del estado, expuso la vulnerabilidad en la que se encontraba y la falta de medidas para resguardarla pese a los riesgos evidentes.
Las investigaciones posteriores señalaron como autor material a José Enrique Jiménez Zavala, alias “El Wicked”, presunto integrante de Los Zetas, quien habría actuado por órdenes del propio Sergio Rafael Barraza.
El feminicida de Rubí murió dos años más tarde en un enfrentamiento con el Ejército en Zacatecas, y “El Wicked” fue capturado y posteriormente hallado sin vida dentro de un penal en 2013, bajo circunstancias que nunca fueron plenamente aclaradas.
El crimen de Marisela provocó condenas internacionales y colocó a México en el centro del escrutinio mundial por su incapacidad para proteger a las víctimas, garantizar justicia y frenar la violencia contra las mujeres. Organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ONU Mujeres señalaron el caso como un ejemplo extremo de la cadena de omisiones institucionales que enfrentan las familias de mujeres desaparecidas o asesinadas.
Para la familia Escobedo-Monárrez, el calvario no terminó con su muerte. En 2011, la hija menor de Marisela sobrevivió a un atentado que obligó a los familiares a desplazarse por razones de seguridad. Desde entonces, siguen exigiendo que se esclarezca la responsabilidad de servidores públicos que omitieron actuar, que fallaron en proteger a Marisela pese a las amenazas y que permitieron que el feminicida permaneciera libre durante años.
Hoy, a quince años del asesinato de la activista, colectivos feministas, organizaciones civiles y familias de víctimas reiteran que el legado de Marisela es un recordatorio de que la justicia no debe depender de la presión social ni del riesgo personal que muchas madres asumen al investigar lo que el Estado no investiga. Su caso continúa vivo en marchas, documentales, memoriales y en la memoria de quienes ven en su historia una denuncia permanente contra la impunidad.
En Chihuahua, donde cada año se realizan vigilias y homenajes en su honor, el nombre de Marisela Escobedo se mantiene como símbolo de dignidad y valentía. Sin embargo, su lucha también sigue siendo un recordatorio de la deuda pendiente del Estado mexicano con las mujeres y con todas las víctimas que aún esperan verdad y justicia.
