México, somos ese vecino del norte que siempre si termina cediendo el vital líquido cuando el gigante amenaza con cerrar la llave del comercio. Justo cuando Donald Trump amaga con aranceles del 5% si no fluye el agua del Río Bravo, el gobierno de Claudia Sheinbaum anuncia que, a partir de esta semana del 15 de diciembre, liberará 249 millones de metros cúbicos hacia Estados Unidos.
¿Milagro navideño o capitulación disfrazada de “entendimiento bilateral”? Ambas: tras días de negociaciones intensas, México evita el golpe arancelario que habría dolido como patada en el T-MEC, pero a costa de un déficit que los agricultores nacionales pagan con sed. Trump lo tiene bien medido: sabe que México, con su economía atada al vecino, prefiere abrir presas antes que fronteras comerciales. Mientras los texanos riegan sus campos, los chihuahuenses miran cómo se vacían las suyas.
Complicado panorama, sí: soberanía hídrica que se negocia en dólares, y un tratado de 1944 que, ochenta años después, sigue siendo el látigo que Trump esgrime con maestría. ¿Quién gana? El que amenaza, siempre.
Y hablando de tierras áridas, la presidenta aterrizó en la Sierra Tarahumara –primero en Guadalupe y Calvo, luego rumbo a Juárez– para firmar decretos de restitución territorial y presumir el Plan de Justicia para Pueblos Originarios. Reconozcamos lo justo: este gobierno ha puesto en el mapa a los rarámuri y ódamis como ninguno, entregando miles de hectáreas, presupuestos directos y hasta reformas constitucionales que los reconocen como sujetos de derecho público.
Pero en Santa Tulita y Mala Noche, los representantes indígenas no se anduvieron con flores: aprovecharon el micrófono abierto para reclamar lo básico que falta –carreteras federales llenas de baches que aislan comunidades enteras, electrificación que brilla por su ausencia, hospitales sin médicos, escuelas sin albergues y seguridad que no llega ante la violencia que desplaza familias como si fueran hojas en el viento–. “¡No hay seguridad!”, gritó uno, y Sheinbaum respondió con promesas de coordinación y un “vamos poco a poquito”.
La gobernadora Maru Campos, a su lado, coincidió en el orgullo por los originarios, pero el reclamo fue claro: visibilidad sí, pero abandono no. En una sierra donde el narco dicta rutas más que los mapas, estas demandas suenan a eco de años ignorados. ¿Escuchará Palacio, o será otra visita exprés para la foto? Porque justicia territorial sin caminos que conecten es como dar tierra sin agua: un gesto bonito que se seca rápido.
Y para cerrar con el veneno que no caduca, la FGR –esa máquina de Godoy que arranca fuerte– lanza una bomba en la audiencia de César Duarte: el exgobernador priista, ya en el Altiplano por lavado y peculado, es acusado de sobornar con 10 millones de pesos a la actual gobernadora panista María Eugenia Campos, como parte de la infame “nómina secreta” que desviaba millones para comprar lealtades.
¿La complicidad? Esa que, según el fiscal, permitió a Duarte gozar de libertades provisionales y protecciones estatales que olían a pacto bajo la mesa. Maru, vinculada en su momento por cohecho (aunque revocada antes de tomar posesión), ve resucitar el fantasma justo cuando su administración es señalada por omisiones que benefician al duartismo.
Ironía chihuahuense: mientras la federación morenista aprieta al priista caído, salpica a la panista en el poder, recordándonos que en Chihuahua, la corrupción no tiene partido; solo colores que se mezclan en el mismo lodo. ¿Justicia o revancha selectiva? El tiempo –y las carpetas– dirá, pero el olor a nómina secreta sigue impregnando Palacio estatal.
Al final, en este diciembre de aguas cedidas, reclamos serranos y sobornos revividos, México se pinta como el eterno negociador: cede río para evitar aranceles, promete justicia indígena pero deja baches, y persigue corruptos del ayer mientras los de hoy miran de reojo. Trump mide bien; aquí, medimos con vara doble. ¿Milagro o espejismo? Mientras tanto, la sierra espera carreteras, y el pueblo, que no le midan con la misma regla.
