El Gobierno de Singapur endurecerá drásticamente su política penal a partir del 30 de diciembre, incorporando castigos corporales obligatorios de hasta 24 azotes con vara de ratán para los responsables de fraudes y estafas financieras. Esta reforma legal, aprobada por el Parlamento, surge como respuesta a un incremento sin precedentes en los delitos digitales, los cuales representaron el 60 por ciento de la criminalidad total en la isla entre 2020 y mediados de 2025.
Las autoridades ministeriales detallaron que los estafadores, reclutadores y líderes de redes criminales enfrentarán las penas más severas, mientras que quienes faciliten cuentas bancarias o tarjetas SIM para el lavado de dinero podrán recibir hasta 12 latigazos, además de las penas de prisión y multas económicas ya establecidas.
Pese a las críticas de organismos internacionales y de la ONU, que califican el azote judicial como una violación a los derechos humanos, el Estado singapurense defiende la medida como un mecanismo disuasorio indispensable para proteger su seguridad económica. Con pérdidas estimadas en 3 mil 700 millones de dólares locales en los últimos cinco años, modalidades como el phishing y los fraudes de inversión han vulnerado la confianza en el sistema financiero de la región.
El castigo, que históricamente se aplicaba a delitos graves como la violación o el vandalismo, ahora se extenderá a la delincuencia de cuello blanco y cibernética, siempre bajo la restricción de aplicarse únicamente a hombres menores de 50 años que hayan sido plenamente sentenciados por tribunales competentes.
