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Heroica ciudad de Chihuahua, Chih. México
28 de febrero 2026

Testigos que se evaporan, mujeres que se empobrecen y multas que embriagan

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Empecemos por el escándalo que huele a telenovela de bajo presupuesto, pero con presupuesto federal: el caso de Raúl Rocha Cantú, el empresario que se coló en el Olimpo de los intocables como testigo protegido y ahora cae en picada como Icaro derretido.

Hace apenas unas semanas, bajo el manto de Alejandro Gertz Manero –ese fiscal eterno que colecciona controversias como si fueran medallas–, Rocha se pavoneaba con el estatus de “colaborador” en una red de huachicol que succionaba hidrocarburos como vampiro en gasolinera. Dueño de Miss Universo México, el tipo entregó un testimonio escrito admitiendo una “participación limitada” en dos operaciones de contrabando desde Guatemala: 4.2 millones de pesos invertidos para ganar 1.2 millones en combustible robado.

¿Suficiente para el perdón? Gertz dijo sí, otorgándole el beneficio por 26 días como si fuera un vale de descuento en Pemex. Pero entra Ernestina Godoy, la nueva jefa de la FGR, con el bisturí afilado: y revocó todo ante el juez Octavio Alarcón Terrón en Querétaro, argumentando tres pecados capitales. Primero, Rocha se escaqueó de interrogatorios el 8 y 12 de diciembre ante la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Delincuencia Organizada, pidiendo videoconferencias porque “temía por su seguridad” –un clásico de los que juegan con fuego y luego lloran quemaduras–. Segundo, no compareció a una entrevista clave para defender a Mari Carmen Ramírez Rodríguez, la fiscal encarcelada por filtrar datos a cárteles. Tercero, y el golpe de gracia, una carta del 10 de diciembre de Pemex –firmada por su apoderado Alejandro Fabián Cordero– exigiendo la revocación porque el testimonio de Rocha no era “esencial ni eficaz”: datos tibios que no destapaban delitos graves, violando el requisito de aportar oro puro para el juicio.

¿Resultado? Orden de aprehensión por delincuencia organizada en tráfico de armas e hidrocarburos, con prisión preventiva de oficio si lo atrapan. Rocha, que andaba de turismo por el extranjero, responde con drama shakespeariano: cierra oficinas de Miss Universo en la CDMX y muda operaciones a Nueva York, culpando “ataques infundados” e “incertidumbre jurídica”.

¿Tremendo? Claro: es el primer zarpazo de Godoy contra el legado de Gertz, pero también un recordatorio cínico de que, en México, ser testigo protegido es como ganar la lotería… hasta que te toca el premio gordo de la revocación. ¿Justicia o ajuste de cuentas? En un sistema donde el huachicol genera miles de millones y los peces gordos nadan libres, esto huele a show para impresionar a la nueva administración. Ojalá Rocha no sea el único que caiga; de lo contrario, será solo otro episodio en la serie “Impunidad S.A.”, donde los testigos se evaporan más rápido que las pruebas.

Y mientras la FGR juega a las sillas con capos reciclados, aterricemos en Chihuahua, donde el crecimiento económico brilla como un espejismo en el desierto: el estado crece, exporta como bestia maquiladora y genera PIB por encima de la media nacional, pero ¿por qué empobrece más a las mujeres? Es la paradoja que duele como sal en herida abierta: por cada 100 hombres en pobreza laboral –esa condición miserable donde tienes chamba pero no alcanzas para tacos, medicinas o escuela–, hay 114 mujeres en el mismo hoyo.

Estadísticas del Inegi y Coneval lo clavan sin piedad: en un Chihuahua que presume dinamismo industrial, las juarenses y chihuahuenses en general cargan con el 60% del trabajo no remunerado –cuidar hijos, abuelos, enfermos–, lo que las condena a empleos precarios, jornadas fragmentadas o informalidad que paga migajas. La brecha salarial? Un abismo: ellas ganan 20-30% menos por hora, castigadas por la maternidad que interrumpe carreras y una cultura que mide su labor como “complemento” del marido.

¿Causas? Un sistema de cuidados inexistente –sin guarderías públicas dignas ni licencias compartidas–, mercados laborales que premian la disponibilidad masculina y políticas públicas que postergan la equidad como si fuera capricho feminista. Expertos de México ¿Cómo Vamos? lo resumen con amargura: “De qué sirve el crecimiento si no se traduce en ingresos dignos para la mitad de la población”.

En Juárez, donde las maquilas absorben mano de obra femenina pero la escupen en turnos extenuantes sin red social, esto no es abstracto: es la madre que deja la fábrica por cuidar al niño, terminando en un changarrito de 5 mil pesos mensuales mientras el “crecimiento” engorda bolsillos masculinos.

¿Soluciones? Urgen un sistema nacional de cuidados que libere a las mujeres del doble jornada, incentivos fiscales para empresas que cierren la brecha y una cultura que reconozca el “trabajo invisible” como pilar económico. Porque en un estado que exporta autos pero no equidad, empobrecer a las mujeres no es falla; es diseño perverso. ¿Despertará Maru Campos, con su PAN de trajes y promesas, o seguirá el guion neoliberal que finge crecimiento mientras la mitad de Chihuahua se ahoga en pobreza rosada?

Y para no terminar con tanta hiel –aunque el paladar ya está amargo–, aterricemos en Juárez con una noticia que aspira a conciencia vial pero huele a recaudación disfrazada: el Cabildo propone endurecer sanciones contra guiadores ebrios, clasificando la intoxicación en grados y ofreciendo un menú de castigos que parece sacado de un catálogo de penitencias modernas.

¿El esquema? Por primer grado (alcohol en sangre bajo), multa de 60-70 UMA (unos 6,800-7,900 pesos) más 18-24 horas de detención en el flamante Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas (antes Centro de Recuperación Cívica Total); segundo grado, 70-80 UMA y 24-30 horas; tercero, 80-90 UMA y 30-36 horas. Para taxistas o choferes de plataformas, el pellizco sube a 100 UMA (11,300 pesos) directo, sin opciones.

¿Flexibilidad? Puedes pagar la multa y que un “responsable” te recoja sobrio, o extender la detención hasta seis horas en casos graves antes de elegir. Jesús Reyes García, coordinador de Seguridad Vial, lo vende como bálsamo para las calles: “Clasificamos por nivel para dar alternativas a la detención, priorizando la seguridad”.

¿Estadísticas? Ninguna fresca en el anuncio, pero Juárez sabe bien el costo: miles de accidentes anuales con ebrios al volante y familias destrozadas. Otras perlas: cajones rosas para discapacitados con permiso especial. ¿Concientización o recaudación? Ambas, con guiño cínico: en una ciudad donde el erario llora sequía –mientras el alcalde gasta 300 millones en redes–, endurecer multas es un dos por uno: salva vidas (en teoría) y llena arcas (en práctica).

Si el Cabildo aprueba en la próxima sesión, será un paso adelante… siempre que las patrullas no se limiten a cazar fines de semana y usen el botín en campañas anti-alcohol reales, no en más spots de auto-promoción. Porque en Juárez, donde el tequila fluye como el Río Bravo seco, la verdadera embriaguez es la de la impunidad al volante.

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