Primero, el escándalo que nadie vio venir (o que todos vimos venir): el IFT –ese organismo regulador de telecomunicaciones que se supone vela por nosotros– nos “invita” a registrar nuestro número telefónico con datos personales. No es ley, aclaran con letra pequeña; es “recomendación” pero si no lo hacemos antes del 30 de junio nos suspenden la línea telefónica.
Pero el viernes pasado Telcel –la telefónica con más clientes en México– presentó una falla de ciberseguridad que dejó expuestos datos personales de miles de usuarios: nombres, direcciones, números de serie de dispositivos. Justo cuando el gobierno federal promete combatir extorsiones con este registro masivo, resulta que los malandros ya tienen la base de datos actualizada en bandeja de plata.
¿Combate a la extorsión? Más bien parece regalo de año nuevo para los criminales. En Juárez, donde las llamadas de “cobro” son pan de cada día, esto no es un error técnico: es una ironía trágica. El IFT y Telcel prometen “investigar”, pero el daño ya está hecho. En un país donde la ciberseguridad parece un lujo opcional, los ciudadanos somos los que pagamos la cuenta: con datos robados, con miedo y con la certeza de que nadie da una en protegernos de verdad.
En México no nos falta intención, nos sobra ingenuidad tecnológica. Y eso, en tiempos de crimen organizado digitalizado, no es torpeza: es peligro.
Y hablando de cuentas que empiezan a llegar, las encuestas ya pintan el panorama rumbo a 2027. Morena lidera la intención de voto en Chihuahua con un cómodo 45-48% según mediciones, nada definitivo, pero sí revelador, mientras el PAN se mantiene en un segundo lugar peleado (30-35%) y MC y PRI se reparten las migajas. Es temprano, sí, pero el mensaje es claro: la maquinaria guinda –con sus programas sociales, su narrativa de “primero los pobres” y su disciplina interna– sigue siendo la favorita.
Morena gana porque entrega algo tangible (becas, pensiones, apoyos), aunque sea poco y condicionado. El PAN, con Maru Campos al frente, apuesta a la “estabilidad” y a la “eficiencia”, pero en una ciudad que vota con el bolsillo y con el miedo, la estabilidad no basta si no viene acompañada de resultados visibles. 2027 no será una elección; será un referéndum sobre quién entrega más, y hasta ahora, la guinda lleva ventaja.
Aquí empieza a dibujarse el dilema: ¿la oposición sabrá construir una propuesta que compita o volverá a confiar en que el desgaste del poder haga el trabajo solo? Porque en política, como en la vida, esperar que el otro se caiga no es estrategia: es flojera con discurso.
Y si hablamos de realidades que no admiten propaganda, ahí está el transporte público de Ciudad Juárez. Solo el 40% de las unidades cumple con los criterios de modernización. El resto sigue rodando como puede: viejo, incómodo, inseguro. Los concesionarios hacen lo que saben hacer mejor: resistirse. Y el gobierno hace lo que suele hacer: tolerar.
¿Quién pondrá en cintura a los concesionarios? ¿Quién asumirá el costo político de decir “se modernizan o se van”? Porque modernizar el transporte no es solo cambiar camiones; es cambiar la lógica de que el interés privado puede seguir secuestrando un servicio público esencial. Pero eso implica carácter. Y el carácter, en este país, suele posponerse.
En medio de este panorama aparece una noticia que merece atención: se abre el proceso para presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Entre los perfiles registrados está una juarense: Karla Ivette Gutiérrez Isla, actual coordinadora del Registro Civil local.
No es menor. En un estado marcado por violencia, desplazamiento, abusos institucionales y víctimas sin rostro, la CEDH no puede ser un cargo decorativo. Necesitamos perfiles que incomoden, que se metan donde duele, que entiendan que los derechos humanos no son un trámite, sino un contrapeso real frente al poder.
Ojalá el Congreso lo entienda. Porque elegir a quien presida la CEDH no es un acto administrativo: es una definición ética.
