El caso de Vanessa Dib Velázquez, una joven de 31 años que sufrió la amputación de ambas piernas tras acudir al IMSS para retirarse un dispositivo intrauterino (DIU), continúa generando indignación en 2026. Los hechos ocurrieron originalmente en el Hospital General Regional No. 1 de Querétaro, donde una serie de errores médicos transformaron un procedimiento de rutina en una tragedia: tras no realizar los estudios previos necesarios, Vanessa sufrió una infección generalizada (sepsis) que derivó en paros cardíacos y la pérdida de sus extremidades inferiores, además de su útero y un ovario.
Aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social ofreció inicialmente una indemnización irrisoria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 118/2022, exigiendo una reparación integral del daño que incluya atención médica vitalicia y prótesis funcionales.
Actualmente Vanessa mantiene su exigencia de justicia, denunciando que las prótesis otorgadas por la institución no son adecuadas para recuperar su autonomía y que la compensación económica ha sido insuficiente para cubrir sus gastos básicos de rehabilitación. El IMSS ha manifestado públicamente su disposición para acatar las resoluciones de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), sin embargo, la afectada señala que los tiempos burocráticos y la falta de seguimiento humano han retrasado su reintegración social.
Este caso se ha convertido en un emblema de la lucha contra la negligencia médica en México, evidenciando las fallas estructurales en el sistema de salud pública y la urgente necesidad de protocolos que protejan la integridad de los pacientes en intervenciones ginecológicas básicas.
