Primero, el Chamizal: ese sĂmbolo de cooperaciĂłn binacional que hoy parece más un cementerio de árboles que un parque vivo. El Consejo Ciudadano para el Parque El Chamizal lleva meses sin integrarse por puro grilla federal. La SecretarĂa de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se niega a nombrar a los representantes, bloqueando cualquier decisiĂłn sobre riego, mantenimiento o programas.
Mientras tanto, el cĂ©sped desaparece, los árboles mueren de sed y el polvo cubre lo que alguna vez fue un orgullo compartido. ÂżRazones? Ninguna oficial. Solo el clásico “no es prioridad” de un gobierno que presume ecologĂa desde Palacio, pero deja secar el pulmĂłn verde de la frontera.
En Juárez, donde cada árbol que muere es un golpe al aire que respiramos, esta grilla no es burocracia: es negligencia criminal. El Chamizal no necesita más discursos de unidad binacional; necesita agua, voluntad y un consejo que funcione. Mientras Semarnat juegue a las escondidas, el parque seguirá muriendo a velocidad vertiginosa.
Y hablando de cosas que asfixian, Thor SalayandĂa, presidente del Bloque Empresarial Fronterizo, pone el dedo en la llaga con una propuesta que duele porque es lĂłgica: desaparecer el transporte maquilador. Ese esquema que mueve a miles de obreros en camiones viejos, sin aire acondicionado, sin seguridad y con rutas que parecen laberintos del infierno.
Thor lo dice claro: “El transporte maquilador es un anacronismo que cuesta vidas, salud y productividad”. Propone que las empresas asuman la responsabilidad directa: transporte seguro, moderno y subsidiado por ellas mismas, como ya pasa en otras fronteras. ¿Por qué no? Porque el sistema actual beneficia a unos pocos concesionarios que renuevan contratos eternos mientras los trabajadores pagan con sudor y riesgos.
En una ciudad donde el transporte público es un caos y el maquilador es la columna vertebral económica, esta propuesta no es radical: es sentido común. Que el gobierno estatal y municipal escuchen: el futuro de Juárez no pasa por más camiones viejos; pasa por movilidad digna.
Y para rematar con la cereza del pastel de la desobediencia, el municipio de Juárez decide mantener los cobros por eventos pese a la resolución de la Suprema Corte que los declara inconstitucionales. La SCJN ya dijo que no se puede cobrar por usar espacios públicos para manifestaciones o actividades culturales, pero el Ayuntamiento responde con un “no nos enteramos” o un “es nuestro reglamento”.
Mientras el ejĂ©rcito no hace caso al municipio y la aduana ignora al alcalde, ahora el municipio ignora a la Corte. Vivimos en el paĂs donde cada quien hace lo que le da la gana: la SCJN manda resoluciones que se quedan en papel, los gobiernos locales las leen como sugerencias y los ciudadanos pagamos la fiesta.
En Juárez, donde el derecho a la protesta y al uso de espacios pĂşblicos es vital, este desacato no es un detalle jurĂdico: es un mensaje claro de que la ley se aplica solo cuando conviene.
