Al final, el tiempo —ese juez implacable— terminó dándole la razón al PAN. La renuncia de la cuñada de Rubí Enríquez, presidenta del DIF municipal, tras la denuncia por presunto nepotismo y peculado, confirma que no se trataba de un invento opositor ni de una grilla menor. Era un asunto real, mal manejado y políticamente costoso.
Tras la denuncia administrativa que Daniela Álvarez y Ulises Pacheco levantaron por presunto peculado y conflicto de interés. La funcionaria, que ocupaba un cargo en el sistema DIF, se va por la puerta chica después de semanas de presión pública. Ahora, la familia se va quedando sin trabajo: la cuñada fuera, el predial del PAN en riesgo de subasta y el alcalde con una denuncia que, aunque administrativa, le deja un mal sabor de boca en año electoral.
La pregunta obligada no es si hubo o no un error —eso ya quedó saldado con la dimisión—, sino quién capitaliza el golpe. Porque en política nadie pierde solo. El alcalde Cruz Pérez Cuéllar paga el costo de haber minimizado el señalamiento, de haber reaccionado tarde y de haber convertido un problema administrativo en una crisis pública. El PAN, por su parte, gana oxígeno: no por brillantez estratégica, sino porque la realidad le hizo el trabajo.
Ahora, el edificio del PAN sigue adeudando 9.5 millones de pesos en predial –un detalle que Cruz sacó como contraataque quirúrgico–, pero la renuncia de la cuñada no borra la pregunta: ¿por qué un cargo en el DIF necesitaba a una familiar directa? ¿Por qué el alcalde no vio venir el conflicto de interés? En política, cuando tiras dardos, recuerda que tienes cola que te pisen. El PAN la tenía; ahora la cuñada pagó el precio. En fin, aquí no hay héroes; hay facturas políticas que empiezan a cobrarse.
Pero si el escenario municipal ya es complejo, el panorama estatal no pinta mejor. Chihuahua cerró el año como el sexto estado con mayor pérdida de empleos. Una cifra dura, fría, pero devastadora en términos sociales. Menos empleo significa más informalidad, más precariedad y, en el fondo, más caldo de cultivo para la violencia y la descomposición.
Para Maru Campos el 2026 se perfila como un año bisagra. No basta con administrar; toca corregir rumbo. Las acciones tendrán que ser quirúrgicas: incentivos reales a la inversión, defensa activa del sector productivo y una interlocución firme —no complaciente— con la Federación. El discurso optimista ya no alcanza cuando los números desmienten cualquier boletín.
Aquí la gobernadora enfrenta un dilema estratégico: o se convierte en el dique que contenga la inercia económica negativa, o carga con una narrativa de estancamiento que sus adversarios sabrán explotar con precisión electoral. Gobernar en año previo a elecciones no es para tibios.
Y como si el contexto no fuera suficientemente pesado, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez vuelve a aparecer por las peores razones. Un nuevo caso de hostigamiento sexual, ahora ventilado tras el testimonio público de una exalumna, vuelve a exhibir una herida que la institución se ha negado a cerrar de fondo. No es un caso aislado; es un patrón. Y cuando los patrones se repiten, ya no hablamos de individuos, sino de estructuras.
La universidad abrirá una investigación interna, pero en Juárez ya sabemos cómo terminan estas historias: el profesor sigue dando clases, la víctima se va y el silencio institucional se impone. ¿Cuántas más? La UACJ acumula denuncias que se repiten como estribillo: falta de protocolos efectivos, miedo a represalias, y una cultura que protege al agresor antes que a la víctima. En una institución que forma profesionales, que no proteja a sus alumnas es fracaso institucional. Urge una comisión externa independiente, sanciones ejemplares y un cambio cultural que no tolere el hostigamiento como “cosa de profesores”.
La UACJ no puede seguir reaccionando con comunicados defensivos ni con silencios administrativos. La omisión también es violencia. Cada caso ignorado es una invitación a que el siguiente ocurra. Y cada autoridad que voltea la cara se vuelve parte del problema.
