H. Cd de Chihuahua.- En Campeche, periodistas, académicos, expolicías y ciudadanos han denunciado una política sistemática de hostigamiento y persecución por parte del gobierno estatal encabezado por Layda Sansores. De acuerdo con testimonios recabados, cualquier forma de crítica o cuestionamiento a la administración es respondida con intimidación, denuncias judiciales o señalamientos públicos, lo que ha generado un clima de miedo y autocensura en la entidad.
Comunicadores locales aseguran que durante la actual administración desaparecieron los cinco periódicos impresos que existían en el estado —Tribuna, Crónica, El Sur, Expreso y Novedades— tras una serie de presiones, ataques y asfixia económica. Aunque persisten medios digitales, muchos son considerados oficialistas, mientras que periodistas independientes como Enrique Pastor Cruz, Jorge González y Abraham Arturo Martínez han enfrentado procesos legales, disculpas públicas forzadas y vigilancia constante.
El uso de instituciones de seguridad y justicia para inhibir voces críticas también ha alcanzado a otros sectores. El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, fue detenido tras el hallazgo de droga en su vehículo, hecho que calificó como un montaje, responsabilizando directamente al gobierno estatal de cualquier daño a su integridad. Estos casos, afirman los denunciantes, reflejan una “maquinaria estatal” orientada a neutralizar a opositores y consolidar el control político en Campeche.
