H. Cd. de Chihuahua.- El Congreso de Estados Unidos aprobó en 2025 la Epstein Files Transparency Act, ley que obligaba al gobierno federal a revelar toda la información sobre Jeffrey Epstein y su red de tráfico sexual. Aunque la entrega de documentos estaba prevista para diciembre de 2025, el Departamento de Justicia solicitó una prórroga y el pasado 30 de enero de 2026 se liberó el mayor paquete de archivos hasta la fecha: más de tres millones de páginas, 2 mil videos y alrededor de 180 mil imágenes, según datos oficiales. El material, incluye desde correos personales de Epstein hasta registros de vuelos y listas de invitados a reuniones privadas.
Entre los documentos destaca un informe del FBI fechado en junio de 2021 que vincula a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell con un supuesto colaborador del Cártel de Sinaloa. El denunciante, cuya identidad no fue revelada, aseguró que participó en la logística de presuntas fiestas sexuales donde se explotaba a menores de entre 12 y 14 años, y relató que se instalaron cámaras para vigilar a los miembros del cártel. Además, vinculó estos hechos a un campo de golf propiedad de Donald Trump, donde afirmó que ocurrieron asesinatos de niñas, sin que el documento indique investigaciones formales posteriores.
El material también incluye acusaciones de Kenneth Darrell Turner, quien dijo haber informado al presidente de México sobre la investigación y coordinado esfuerzos con el FBI. Turner señaló la posible implicación de funcionarios estadounidenses, como el excomandante Richard Marcinko y el exembajador Earl Anthony Wayne, y describió hallazgos de una “bóveda” con miles de videos de menores de Guatemala, Honduras, México y Sudáfrica, así como registros de vuelos de Epstein entre México y las Islas Vírgenes. Hasta ahora, estas declaraciones no han sido corroboradas oficialmente.
Por último, correos electrónicos de 2019 sugieren que Epstein y Wayne habrían participado en una presunta fiesta sexual en Ciudad Juárez en 2014, organizada en instalaciones vinculadas al consulado de Estados Unidos. Los mensajes, que forman parte de los archivos liberados, no constituyen una resolución judicial ni confirmación oficial de los hechos. Las autoridades mexicanas y estadounidenses aún no han verificado públicamente las acusaciones, dejando a la opinión pública ante una serie de denuncias graves que requieren investigación adicional. (En Blanco y Negro)
