Un escándalo de impunidad sacude a Ciudad Juárez tras la liberación del propietario del crematorio Plenitud, sitio donde se localizaron 386 cadáveres acumulados en condiciones inhumanas durante años.
El diputado Cuauhtémoc Estrada denunció que el juez Luis Eduardo Rivas, titular del Juzgado Séptimo de Distrito, otorgó un amparo que permitió al imputado eludir su responsabilidad penal inmediata. E l legislador calificó este acto como una atrocidad institucional, cuestionando severamente la falta de justicia para las familias que sufrieron la vulneración de la dignidad de sus seres fallecidos.
El reclamo del diputado Estrada apunta a una red de complicidades y negligencias, señalando que el dueño no es el único culpable de este hallazgo macabro. L a crítica se extendió hacia las dependencias encargadas de realizar inspecciones y vigilancia sanitaria, las cuales fueron omisas durante meses mientras los restos eran tratados como simples objetos.
Esta falla sistémica en la supervisión de negocios de servicios funerarios en la frontera evidencia una carencia de ética profesional y un nulo respeto por los protocolos legales y de salubridad vigentes en la entidad.
Ante la liberación, Cuauhtémoc Estrada advirtió que no permitirá que las autoridades caigan en un “juego de ping-pong” para evadir su competencia entre la Fiscalía y el Poder Judicial. L a exigencia parlamentaria es que se identifique y sancione a cada funcionario que permitió la operación irregular del crematorio Plenitud.
La impunidad en este caso se percibe como una bofetada a la sociedad juarense, que exige cuentas claras sobre cómo se pudo ocultar el hacinamiento de cientos de cuerpos sin que ninguna autoridad interviniera a tiempo.
Finalmente, el legislador reiteró que la defensa del Estado de Derecho en Chihuahua pasa por castigar tanto al propietario que rompió los protocolos como a los servidores públicos que, por omisión, se volvieron cómplices de este agravio.
La comunidad de Ciudad Juárez permanece en alerta ante el curso que tome el proceso legal tras este polémico amparo. L a lucha por la justicia en el caso de los 386 cadáveres se ha convertido en una bandera de resistencia contra la corrupción en los órganos de procuración de justicia del Décimo Séptimo Circuito.
