El expríncipe Andrés fue detenido este jueves por la policía británica en su residencia de Wood Farm, dentro de la finca de Sandringham, justo el día de su cumpleaños número 66. El hermano del rey Carlos III permaneció 11 horas en una comisaría de Norfolk bajo la sospecha de haber incurrido en mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Según informes de la prensa internacional, las autoridades investigan si el exmiembro de la familia real compartió información gubernamental confidencial con el fallecido millonario Jeffrey Epstein durante su etapa como representante comercial del país.
La detención fue ejecutada por un operativo de al menos ocho agentes que ingresaron al domicilio con equipo informático y se retiraron con documentación relevante para la investigación. Tras el interrogatorio en el centro de investigaciones policiales de Aylsham, Andrew Mountbatten-Windsor fue puesto en libertad, aunque continúa bajo el escrutinio de la policía de Thames Valley. Imágenes captadas durante su traslado muestran al exduque intentando ocultarse en el asiento trasero de un vehículo tras concluir las diligencias en el recinto policial.
Este arresto se produce tras la reciente divulgación de documentos judiciales en Estados Unidos que incluyen correos electrónicos y comunicaciones sospechosas durante su gestión oficial entre 2001 y 2011. Los archivos sugieren que el intercambio de datos sensibles con Epstein fue más profundo de lo que se conocía previamente, intensificando la presión sobre el exduque. Estos hechos se suman a las controversias pasadas relacionadas con la red de delitos sexuales del magnate estadounidense y las acusaciones previas de abuso por parte de víctimas del caso.
La situación legal del expríncipe Andrés marca un hito sin precedentes para la monarquía británica, en un contexto de constantes revelaciones sobre sus vínculos con redes delictivas internacionales. Por ahora, las autoridades de Norfolk han dado por concluidos los registros en la propiedad, pero el proceso judicial sigue abierto para determinar el alcance de la presunta filtración de información estatal. El caso ha reabierto el debate público en el Reino Unido sobre la responsabilidad de los miembros de la realeza en sus funciones diplomáticas y comerciales pasadas.
