La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur avanza en una investigación por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos dentro del Instituto de Vivienda local durante la administración de Víctor Manuel Castro Cosío. El fiscal Lenin Ortiz Amao detalló que el expediente consta de nueve tomos y trece anexos que documentan un posible desfalco cercano a los 55 millones de pesos. Las indagatorias señalan que una parte de estos recursos, aproximadamente 10 millones de pesos, habrían sido destinados a financiar la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández a través de rutas financieras complejas.
El esquema de operación incluía la simulación de cuentas y miles de transferencias bancarias desde el instituto hacia beneficiarios externos y cuentas puente sin relación con el gobierno estatal. Según testimonios integrados a la carpeta, los movimientos de efectivo se intensificaron durante el año 2023, realizándose presuntas entregas de dinero en un establecimiento comercial de La Paz denominado Los Abuelos. Por estos hechos, tres personas ya se encuentran vinculadas a proceso bajo prisión preventiva, mientras que la fiscalía confirmó que existe una orden de aprehensión pendiente contra otro implicado cuya identidad permanece bajo reserva.
Las pesquisas apuntan a una red integrada por exfuncionarios de alto nivel, entre ellos el actual senador Homero Davis Castro, la exdirectora del instituto Fernanda Villarreal y el exdirector de finanzas Juan Manuel Reyes. Se investiga si estas operaciones contaron con el consentimiento del gobernador Castro Cosío, coincidiendo con el periodo en que manifestó públicamente su respaldo al aspirante presidencial. Actualmente, Villarreal se desempeña como investigadora en el Senado dentro de un organismo presidido por el propio López Hernández, aunque ha evitado dar declaraciones detalladas sobre el proceso legal en su contra.
La audiencia inicial del caso se reanudará el próximo 5 de marzo, fecha en la que el Ministerio Público presentará formalmente los elementos probatorios y buscará nuevas vinculaciones a proceso. Este escándalo ha colocado bajo intensa presión política al gobierno estatal debido al rastreo detallado de la ruta del dinero y los testimonios de excolaboradores que describen la mecánica del desvío. El proceso judicial continúa en fase de desahogo de pruebas mientras las autoridades ministeriales mantienen abiertas líneas adicionales por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿Te gustaría que indagara si el Senado de la República ha emitido algún pronunciamiento sobre la situación laboral de Fernanda Villarreal ante estos señalamientos judiciales?
