La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, manifestó su preocupación ante la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para limitar las pensiones de exfuncionarios de alto nivel. Barrales advirtió que, aunque la iniciativa se presenta bajo la premisa de eliminar privilegios, podría ocasionar complicaciones técnicas en el acceso a las pensiones y resultar contraproducente para el sistema de seguridad social. La legisladora señaló que muchas propuestas del actual gobierno se anuncian con buenas intenciones que no siempre corresponden a los resultados finales en la realidad.
Durante una entrevista, la integrante de la bancada naranja comparó esta iniciativa con la reciente reforma al Poder Judicial, argumentando que se venden conceptos atractivos al pueblo que terminan convirtiéndose en instrumentos de control político. Barrales instó a que el tema de las pensiones abra una discusión profunda sobre las repercusiones técnicas y legales de la reforma. Según su postura, es necesario analizar si la medida afectará derechos adquiridos o si realmente cumplirá con el objetivo de austeridad planteado por la titular del Ejecutivo federal.
La iniciativa impulsada por la presidenta Sheinbaum establece que ningún exfuncionario de confianza podrá percibir una pensión mensual superior a los 70 mil pesos, monto que representa la mitad del salario presidencial. Con esta reforma, el Gobierno de México pretende generar un ahorro anual de 5 mil millones de pesos, recursos que serían destinados al fortalecimiento de diversos programas sociales. La propuesta busca alinear los beneficios de retiro con el principio constitucional que impide a cualquier servidor público ganar más que quien encabeza la Presidencia de la República.+1
El documento oficial será recibido formalmente el próximo lunes en la Cámara de Senadores para ser turnado a las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos. En estas instancias se llevará a cabo la revisión detallada y el debate técnico antes de que el dictamen sea presentado ante el Pleno para su votación. Mientras el bloque oficialista espera un consenso amplio bajo el argumento de la justicia social, la oposición mantiene sus reservas sobre los alcances operativos y la viabilidad legal de fijar estos nuevos topes a las jubilaciones de la alta burocracia.
