Un sacerdote identificado como Ramón N fue extraditado de España a México para enfrentar a la justicia por su presunta responsabilidad en delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores. El señalado arribó este viernes a Jalisco tras haber sido entregado por las autoridades españolas en Madrid, atendiendo a una ficha roja de la Interpol emitida a solicitud de la Fiscalía del Estado. El detenido fue puesto a disposición del juzgado que lo requería para iniciar el proceso legal correspondiente por hechos que habrían ocurrido hace cuatro años.
De acuerdo con las investigaciones, los abusos se cometieron en una casa hogar ubicada en la comunidad de La Laja, en el municipio de Zapotlanejo, entre los meses de abril y mayo de 2022. Ramón N presuntamente aprovechó su cargo eclesiástico para acercarse a al menos cuatro niñas bajo el pretexto de realizar actividades de confesión religiosa. Las autoridades señalaron que, además de los actos de violencia sexual, el sospechoso habría amenazado a una de las víctimas para asegurar su silencio, aprovechando el entorno de vulnerabilidad en el que se encontraban las menores.
Tras recibirse las denuncias formales en 2022, el Ministerio Público integró las carpetas de investigación y solicitó las órdenes de aprehensión; sin embargo, el sacerdote logró salir del país para evadir la acción de la justicia. Fue hasta marzo de 2025 cuando una alerta migratoria permitió su captura en territorio español, donde permaneció bajo custodia mientras se resolvía el proceso de extradición. Durante este periodo, la Fiscalía de Jalisco mantuvo la colaboración con organismos internacionales para garantizar el retorno del implicado y evitar que los crímenes quedaran impunes.
Con el traslado del presunto agresor a territorio jalisciense, se espera que las audiencias iniciales determinen su vinculación a proceso y se fijen las medidas cautelares necesarias. La fiscalía estatal ha reiterado su compromiso de proteger la integridad de la niñez y dar seguimiento puntual a este caso que involucra a una figura de confianza dentro de la comunidad religiosa. Por su parte, colectivos de derechos humanos y representantes de la sociedad civil han manifestado su expectativa ante el desarrollo del juicio para asegurar que se aplique todo el rigor de la ley en favor de las víctimas.
