ESCOBEDO, N.L. — El senador Waldo Fernández aseguró que la detención de Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, es el resultado de una denuncia que él mismo presentó ante la Fiscalía General de la República para limpiar su nombre. Tras una audiencia celebrada este lunes, el legislador sostuvo que fue víctima de una estrategia de guerra sucia durante el proceso electoral de 2024, en la cual se habría fabricado una acusación falsa de índole sexual para perjudicar su candidatura y su reputación personal.
Fernández detalló que la querella original en su contra, presentada en el ámbito estatal, carecía de sustento legal al no contar con dictámenes médicos o psicológicos ni con una ratificación correcta. Señaló que los involucrados proporcionaron datos falsos para evadir la localización de las autoridades durante meses, mientras el caso era difundido en redes sociales y portales digitales. El senador enfatizó que esta situación afectó gravemente su entorno familiar y que su única intención al acudir a la justicia federal fue demostrar que los hechos imputados fueron un montaje judicial con fines políticos.
Durante la audiencia inicial, un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para Karina Barrón y otras dos personas relacionadas con el caso, quienes fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en San Nicolás de los Garza. Debido a que la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas, la funcionaria permanecerá en un Centro de Reinserción Social Femenil hasta el próximo sábado 7 de marzo, fecha en la que se determinará si existen elementos suficientes para vincularla formalmente a proceso.
Las autoridades federales investigan a la funcionaria por los presuntos delitos de falsedad de declaraciones ante la autoridad ministerial, fabricación de hechos delictivos y probables actos de extorsión. Asimismo, se indaga un posible financiamiento para sustentar la acusación contra el legislador, incluyendo gastos de traslados y hospedaje. Ante el impacto mediático del caso, Waldo Fernández solicitó que las próximas audiencias sean públicas para garantizar la transparencia y que la ciudadanía de Nuevo León conozca el desenlace de este proceso penal.
