H. Cd. de Chihuahua, Chih.— La propuesta de reforma constitucional que busca limitar a un máximo de 15 el número de regidores en los municipios del país generó una fuerte controversia al omitir, en su redacción original, la obligación de garantizar la equidad de género. Ante la alerta emitida por grupos feministas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, informó que se realizarán los ajustes de técnica legislativa necesarios para subsanar este error y reintegrar el principio de paridad en el texto constitucional.
Actualmente, el artículo 115 establece que la integración de los cuerpos colegiados municipales debe regirse por la paridad; sin embargo, la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal proponía un cambio que solo mencionaba la cantidad de integrantes, dejando fuera la obligatoriedad de género. Esta modificación, denominada “plan B”, pretende que los ayuntamientos se conformen únicamente por una presidencia municipal, una sindicatura y un rango de siete a quince regidurías, argumentando una búsqueda de eficiencia administrativa y austeridad presupuestal.
Además de la reducción de regidores, la reforma ordena un tope financiero para los congresos estatales, los cuales no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de su respectiva entidad. Según datos de la Secretaría de Gobernación, estados como Baja California, Morelos y Michoacán superan actualmente este parámetro; en el caso específico de Baja California, su presupuesto legislativo para este 2026 representa casi el uno por ciento del total estatal, lo que obligará a realizar ajustes significativos a partir del próximo año.
El régimen transitorio de la ley dispone que las legislaturas locales deberán adecuar sus marcos normativos para que estas reducciones surtan efecto al inicio del siguiente periodo de gobierno. No obstante, se especificó que los ayuntamientos que ya cuenten con menos de quince regidores conservarán su integración actual, y cualquier modificación futura deberá basarse estrictamente en criterios poblacionales y ser aprobada por mayoría calificada en los congresos locales, manteniendo así un control sobre el crecimiento de la burocracia municipal.
