H. CD. DE CHIHUAHUA.- Las bitácoras de la justicia internacional y el plano político nacional sufrieron una sacudida sin precedentes en la república, luego de que se confirmara de manera formal que la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, junto a ocho presidentes municipales de esa entidad, fueron denunciados penalmente ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Holanda, acusados por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en complicidad directa con el grupo delictivo “Los Ardillos”.
De acuerdo con las carpetas informativas desglosadas desde el viejo continente, el histórico debido proceso internacional fue promovido de forma frontal por la periodista y activista indígena, Marcela de Jesús Natalia. La denuncia formal acusa de manera pulcra al aparato de gobierno guerrerense y a los ediles perimetrales de estructurar una red clandestina de colaboración, omisión deliberada y control faccioso, operando a favor de la célula criminal para abatir la resistencia civil y desatar una ola de terror, ejecuciones y desapariciones forzadas que azota con saña a las comunidades marginadas de la región de la Montaña Baja.
La notificación de este litigio pericial en el extranjero encendió las alarmas de control institucional en el centro del país, rompiendo las zonas grises del discurso oficialista. Células de activistas y comisiones defensoras de los derechos humanos en el estado grande lanzaron fuertes porras a la valentía de la comunicadora indígena, manifestando que este amago técnico ante tribunales globales representa una vía limpia para romper los esquemas de opacidad y complicidad gubernamental. Mientras los jueces de La Haya procesan las bitácoras de pruebas materiales, el bienestar político de Guerrero queda contra las cuerdas, abriendo una severa carpeta informativa sobre la infiltración de las mafias del narcotráfico en las estructuras del poder público. (En Blanco y Negro)
