El Órgano de Administración Judicial (OAJ) despidió a 43 abogados que formaban parte del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), una decisión que también implicó la eliminación definitiva de sus plazas. Los trabajadores afectados se desempeñaban como defensores públicos encargados de realizar investigaciones socioeconómicas para fortalecer la representación legal de personas de escasos recursos, por lo que la medida ha generado preocupación sobre el impacto que tendrá en el acceso a la justicia.
De acuerdo con los abogados cesados, la notificación de su despido se realizó de manera sorpresiva y sin ofrecer alternativas para su permanencia. Además, señalaron que la desaparición de estas plazas reducirá la capacidad operativa del IFDP, ya que las investigaciones sociales y económicas son fundamentales para respaldar la defensa de personas que enfrentan procesos judiciales y no cuentan con recursos para contratar representación legal privada.
La decisión del OAJ ocurre en medio de la implementación de la reforma judicial y ha provocado inconformidad entre los trabajadores, quienes consideran que la medida debilita un servicio esencial para garantizar el derecho a una defensa adecuada. Los afectados advirtieron que analizarán las acciones legales correspondientes para impugnar los despidos y exigir una explicación sobre la eliminación de sus puestos, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro del personal de la Defensoría Pública.
