EL FANTASMA QUE MORENA SI CONOCE, PERDER POR EL NARCO.
Existen derrotas electorales que comienzan mucho antes de que se instalen las casillas.
No ocurren el domingo de la elección. Se construyen durante años, lentamente, hasta que una palabra, una imagen o una percepción termina convirtiéndose en la explicación sencilla que millones de ciudadanos utilizan para juzgar a un gobierno.
En 2006 Felipe Calderón llegó a la Presidencia después de una de las elecciones más cerradas de la historia moderna de México. Seis años después, su partido no solamente perdió la Presidencia, terminó en tercer lugar.
Josefina Vázquez Mota obtuvo apenas 25.41% de los votos. Enrique Peña Nieto alcanzó 38.21% y Andrés Manuel López Obrador 31.59%. El partido que había sacado al PRI de Los Pinos apenas doce años antes, terminó relegado a una distante tercera posición.
¿Qué ocurrió? No existe una sola explicación.
Hubo desgaste natural después de doce años de gobiernos panistas. Hubo problemas económicos, pobreza, errores de campaña, divisiones internas y una candidatura priista construida durante años alrededor de Enrique Peña Nieto.
Pero hubo otro elemento que terminó convertido en una pesada losa sobre el gobierno de Calderón: La guerra contra el narcotráfico.
Para cuando México llegó a las elecciones de 2012, la violencia había modificado profundamente la conversación nacional, un análisis académico sobre aquella elección señala que la pérdida de popularidad de Calderón perjudicó directamente las posibilidades electorales de su partido. Un mes antes de las elecciones, su aprobación había descendido a 48% y 44% de los encuestados manifestaba desacuerdo con la estrategia contra el narcotráfico.
Otro análisis sobre el regreso del PRI señala algo todavía más importante, la sociedad llegó a las elecciones exigiendo disminuir la violencia y la percepción ciudadana era que el Estado estaba perdiendo aquella guerra. El conflicto terminó formando parte del contexto que influyó en la derrota del partido gobernante.
Reuters describía al final del sexenio una contradicción brutal. Calderón podía presumir la captura o muerte de 22 de los 37 capos más buscados y decomisos importantes, pero la eliminación de líderes criminales había provocado nuevas disputas territoriales y más violencia.
Eso explica una de las grandes lecciones políticas de 2012, un gobierno puede presentar estadísticas para demostrar que está combatiendo al crimen y, sin embargo, perder electoralmente si la sociedad siente que el crimen está ganando, y aquí comienza la historia que debería preocupar profundamente a Morena.
“Narcopartido”.
Morena sabe perfectamente el daño potencial que contiene esa palabra.
“Narcopartido”.
No porque repetirla la convierta automáticamente en verdad. Una acusación política necesita pruebas y responsabilidades individuales deben acreditarse ante las autoridades.
Pero las elecciones tienen una característica incómoda, las percepciones políticas no necesitan esperar una sentencia judicial para producir consecuencias electorales.
Eso fue precisamente parte del problema del PAN en 2012, el ciudadano común no necesitaba conocer cuántos capos habían sido capturados, cuántas toneladas de droga habían sido decomisadas o cuántos operativos militares habían ocurrido.
Veía muertos.
Veía enfrentamientos.
Veía ciudades aterrorizadas.
Veía soldados en las calles.
Y terminó asociando una palabra con un gobierno: violencia.
Y ojo, cuando una administración queda atrapada dentro de una palabra negativa, salir de ella resulta extraordinariamente difícil.
Ese es el verdadero riesgo que enfrenta Morena, no necesariamente que mañana aparezca una prueba definitiva que comprometa institucionalmente a todo el partido.
Su peligro político comienza mucho antes, comienza si una parte creciente de la población empieza a asociar espontáneamente tres conceptos: Morena. Poder. Narcotráfico, cuando esa asociación consigue instalarse, el daño puede resultar acumulativo.
Por eso cuatro años son una eternidad, el problema para Morena no es exclusivamente lo que pueda ocurrir esta semana o este mes. Es lo que puede suceder durante los próximos cuatro años.
Una acusación aislada puede rechazarse, dos pueden atribuirse a adversarios, tres pueden calificarse como propaganda política.
Pero si durante años aparecen investigaciones, señalamientos, visas retiradas, expedientes, declaraciones, detenciones o sospechas alrededor de personajes vinculados al poder, aunque cada caso tenga circunstancias y niveles de evidencia distintos, comienza a construirse algo mucho más peligroso electoralmente, un relato o una historia tan real como un caso juzgado.
Los partidos rara vez pierden el poder exclusivamente por un expediente, lo pierden cuando diferentes acontecimientos terminan contando la misma historia ante los ojos del ciudadano.
Eso ocurrió parcialmente con el PAN, la elección de 2012 no se decidió por un solo enfrentamiento ni por una sola cifra de homicidios. Fue la acumulación de años de desgaste.
La investigación académica sobre aquella elección incluso encontró una percepción reveladora, ante la pregunta de quién estaba ganando la guerra contra el narcotráfico, 59% señalaba a los narcotraficantes y solamente 29% al gobierno.
Ahí estaba la derrota política antes de depositarse muchos de los votos.
Morena está peleando por algo más importante que una palabra, por eso resulta interesante observar la enorme intensidad con la cual Morena responde actualmente a expresiones como “narcopartido” o “narcogobierno”.
La confrontación ya llegó incluso al Instituto Nacional Electoral. El PRI ha acusado al organismo de censurar a la oposición por restringir el empleo de esas expresiones, mientras Morena rechaza las acusaciones y sostiene que se trata de campañas políticas en su contra.
Alejandro Moreno ha llevado además esas acusaciones a Estados Unidos, mientras Morena responde señalándolo por buscar intervención extranjera y utilizarlas políticamente.
Puede discutirse quién tiene razón, pero políticamente existe una pregunta todavía más interesante:
¿por qué incomoda tanto esa etiqueta? Porque probablemente Morena entiende algo que el PAN aprendió demasiado tarde, cuando una narrativa negativa se pega a un partido gobernante, después resulta dificilísimo despegarla.
Y todavía más cuando toca uno de los mayores temores de la población, la inseguridad.
Durante años, morena, construyó buena parte de su legitimidad alrededor de conceptos extraordinariamente simples:
“No somos iguales”. “No robar, no mentir, no traicionar”. “Primero los pobres”.
La fuerza política de esas frases no estaba en su sofisticación. Estaba precisamente en lo contrario, eran fáciles de entender.
El problema aparece cuando el adversario intenta sustituir esa asociación.
Morena = honestidad.
por otra:
Morena = narcotráfico.
Por eso la verdadera batalla política de los próximos años no necesariamente estará en demostrar que todos los integrantes de Morena tienen relaciones con delincuentes, una generalización que sería insostenible sin pruebas, sino en conseguir que suficientes ciudadanos comiencen a preguntarse si el partido ha tolerado, protegido o permitido personajes vinculados al crimen.
La duda puede ser políticamente más corrosiva que la acusación, porque una vez sembrada, cada nuevo episodio alimenta al anterior.
Y aquí aparecen los medios de comunicación.
Sería incorrecto afirmar sin pruebas que existe un “control absoluto de los medios”. México conserva una prensa plural, medios críticos, periodistas independientes y una conversación digital difícilmente controlable.
Pero sí existe una batalla feroz por controlar la narrativa pública.
Las conferencias presidenciales, los programas gubernamentales, las redes sociales, los comunicadores afines y la confrontación permanente con medios críticos forman parte de esa disputa.
Actualmente incluso existe un debate sobre el poder comunicacional de las conferencias presidenciales. La oposición sostiene que esos espacios permiten al gobierno imponer desproporcionadamente su versión de los acontecimientos; el gobierno, por su parte, sostiene que combate información falsa y defiende la libertad de expresión.
No es un detalle menor, porque Morena aprendió de López Obrador que gobernar también significa disputar diariamente la interpretación de los acontecimientos.
No basta controlar el gobierno, hay que intentar controlar la conversación sobre el gobierno, y precisamente ahí se juega la batalla alrededor del “narcopartido”.
La experiencia internacional demuestra que cuando corrupción, crimen organizado y política comienzan a mezclarse en la percepción pública, pueden producir terremotos electorales.
Italia ofrece uno de los casos históricos más impresionantes.
Entre 1992 y 1994, los escándalos de corrupción conocidos como Tangentopoli destruyeron buena parte del sistema tradicional de partidos. La Democracia Cristiana, que había dominado durante décadas, desapareció; también se derrumbó el Partido Socialista Italiano. No ocurrió de un día para otro, una sucesión de investigaciones y escándalos terminó destruyendo la credibilidad de estructuras políticas que parecían prácticamente permanentes.
Colombia ofrece otra advertencia.
El fenómeno conocido como “parapolítica” mostró hasta dónde podían llegar las relaciones entre estructuras criminales, grupos armados y representantes políticos. Investigaciones académicas han documentado cómo la presencia simultánea de narcotráfico, conflicto armado y competencia electoral incrementaba el riesgo de candidatos vinculados con actores ilegales.
Y estudios internacionales sobre crimen organizado y política advierten que las organizaciones criminales no solamente buscan dinero, pueden intentar influir en elecciones, controlar territorios y capturar instituciones políticas.
Por eso la asociación entre política y crimen organizado resulta especialmente tóxica para cualquier democracia, no importa si el partido se llama PRI, PAN, Morena, Democracia Cristiana o cualquier otro.
Cuando el ciudadano empieza a sospechar que ya no sabe dónde termina el gobierno y dónde comienza el crimen, comienza a romperse algo mucho más profundo que una preferencia electoral, la confianza.
Morena tiene una ventaja enorme, pero no eterna, hoy Morena conserva algo que el PAN de 2012 había perdido, una poderosa estructura territorial, programas sociales muy visibles, una marca política nacional y una narrativa ideológica capaz de movilizar millones de electores.
Eso importa.
No sería serio afirmar que una campaña basada únicamente en llamarlo “narcopartido” bastaría para expulsarlo del poder.
No funciona así.
Pero cuatro años de desgaste sí pueden cambiar radicalmente una elección. Especialmente si la acusación deja de parecer propaganda de oposición y comienza a convertirse, correcta o incorrectamente, en percepción social.
Ese es el punto de inflexión.
Cuando solamente lo dice Alejandro Moreno, es discurso del PRI.
Cuando solamente lo dice el PAN, es discurso del PAN.
Cuando lo repiten adversarios, es campaña.
Pero cuando comienza a decirlo el ciudadano que no pertenece a ningún partido, entonces se convierte en un problema electoral, y cuando ese ciudadano empieza a relacionar acontecimientos diferentes bajo una misma explicación, el gobierno puede perder el control de la narrativa.
Ahí debería mirar Morena hacia 2012.
Felipe Calderón nunca aceptó que combatir al narcotráfico hubiera sido un error.
Y puede discutirse ampliamente si México tenía otra alternativa ante organizaciones criminales que habían adquirido enorme poder territorial, pero electoralmente eso terminó siendo secundario.
El PAN pagó el costo político.
Doce años después de haber expulsado al PRI de Los Pinos, terminó entregándole nuevamente la Presidencia.
Peña Nieto no ganó exclusivamente gracias a la guerra contra el narcotráfico. Sería históricamente incorrecto afirmarlo.
Pero el enorme desgaste provocado por la violencia ayudó a crear las condiciones para que millones de mexicanos estuvieran dispuestos a cambiar nuevamente de partido.
Y esa es precisamente la lección que Morena debería estudiar. Los gobiernos rara vez caen porque sus adversarios descubran una palabra ingeniosa.
Caen cuando esa palabra encuentra suficientes acontecimientos para parecer creíble, por eso “narcopartido” puede ser mucho más que un insulto electoral.
Puede convertirse en una estrategia de desgaste de cuatro años, y por eso Morena necesita combatirla desde ahora.
Con comunicación.
Con narrativa.
Con una insistencia permanente en la honestidad.
Con la defensa de sus personajes.
Y, sobre todo, intentando impedir que casos individuales terminen siendo interpretados por millones de ciudadanos como partes de una misma historia.
Porque Morena conoce perfectamente la historia reciente de México.
Sabe lo que le ocurrió al PAN.
Sabe que un partido aparentemente sólido puede comenzar una elección cargando sobre la espalda seis años de violencia, miedo y desgaste.
Y sabe algo todavía más peligroso, las elecciones no se pierden cuando todos los ciudadanos creen una acusación, se pierden cuando suficientes ciudadanos comienzan a dudar.
El PAN descubrió en 2012 cuánto puede pesar el narcotráfico sobre una boleta electoral.
Morena tiene cuatro años para evitar descubrir exactamente lo mismo.
