H. Cd. de Chihuahua.- La diputada federal del Partido del Trabajo, Vanessa López Carrillo, presentó una iniciativa para considerar como abuso de confianza el uso o disposición sin autorización de tarjetas y recursos destinados a pensiones y programas sociales, con sanciones que podrían alcanzar hasta ocho años de prisión en determinados casos.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y plantea modificar el Código Penal Federal para sancionar a quienes, teniendo bajo su resguardo una tarjeta bancaria, credencial, medio electrónico o instrumento de pago utilizado para recibir apoyos del Gobierno, utilicen los fondos para beneficio propio o de otra persona sin autorización del titular. Las penas contempladas actualmente irían de seis meses a seis años de prisión, además de multas, pero aumentarían hasta una tercera parte cuando la víctima sea adulta mayor, tenga alguna discapacidad o exista una relación familiar, de cuidado, subordinación o confianza con el responsable.
La legisladora señaló que se han detectado casos en los que familiares, cuidadores o terceros retienen tarjetas y disponen de recursos correspondientes a las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad. La iniciativa también propone que las autoridades de procuración de justicia y el Banco del Bienestar establezcan mecanismos accesibles para orientar y recibir denuncias por el despojo o retención indebida de estos medios de pago, debido a las dificultades de movilidad, acceso digital y otras condiciones que pueden llevar a los beneficiarios a confiar sus tarjetas y contraseñas a otras personas.
(En Blanco y Negro)
